¿Cómo puede ser que con superávit fiscal año tras año, y después de la feroz quita a bonistas, en la Argentina siga aumentando la deuda pública? La situación en lo financiero del país, si bien exhibe alguna mejora, no es para tranquilizarse dado que el endeudamiento está prácticamente en los mismos niveles que en 2001, previos al default. Según la última información oficial, el total de la deuda asciende a u$s 137.114 millones, casi 3.500 dólares por habitante. No está obviamente en la contabilidad del gobierno la deuda aún en default (u$s 28.000 millones). El flamante ministro Martín Lousteau eliminó cualquier posibilidad de reapertura del canje en un gesto al mercado.
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Lo que está silenciosamente haciendo aumentar el endeudamiento son las emisiones que se hacen por lo que se llama «abajo de la línea» y son los títulos entregados a jubilados y otros acreedores del Estado año tras año. Inicialmente, Domingo Cavallo lanzó las series 1 y 2 de los PRE y PRO, que en la jerga del mercado corresponden a las emisiones por deudas previsionales y proveedores. Pero siguen aucumulándose todos los años lanzamientos, y ya los PRE van por el número 9 y los PRO por el 13.
Pero también está la maldición de la indexación de la deuda por el IPC. Néstor Kirchner ya embistió contra ese mecanismo de ajuste en su último discurso presidencial ante la asamblea legislativa en marzo pasado. Se la combatió con la intervención del INDEC. ¿Cómo no tentarse con el maquillaje si cada punto de inflación anual representa un aumento de la deuda de casi 2.000 millones de pesos? Lo que está sucediendo es que por las cláusulas de emisión de la nueva deuda surgida en la reestructuración, y para dar más aire en los primeros años tras esa operación, en lugar de pagar intereses, éstos se van capitalizando. Será problema de otro gobierno eventualmente, pero el indicador marca el incremento de deuda.
Así, hoy el país tiene una proporción de deuda equivalente a 57% del PBI, cuando en 2001 era de 54%. Podría decirse que el PBI de ese año estaba «inflado» en dólares. También puede decirse que en los últimos años ese porcentaje está en franco descenso. Pero igualmente se está lejos de tener una situación holgada, la que debería existir por lo menos tras aplicarse una quita de casi 70%.
Lo que hereda Cristina de Kirchner en lo financiero no es nada grato. Tiene el acceso al crédito cerrado por la crisis internacional, pero más por factores domésticos. Así, el proceso de ajuste fiscal, más que una decisión del gobierno es una imposicióndel mercado. No tiene otra alternativa para poder hacer frente a los vencimientos de deuda que sobrevienen. Mala noticia que alcanzará a contribuyentes: a la luz de los crecientes pagos de 2009 en adelante, la presión impositiva de cada año será menor que la del siguiente. Por ahora, las retenciones a los granos alcanzan para equilibrar en gran parte las cuentas.
Más impuestos
Pero nadie sabe cómo se lo hará en los años siguientes. ¿Avanzará sobre el Impuesto a las Ganancias de capital? El propio Lousteau no lo descarta. Y políticamente, para un gobierno, gravar lo financiero no es inconveniente. Es más, hasta sería una satisfacción.
Por lo pronto, del canje de la deuda de 2005 queda aún cierto aire. La vida promedio de lo que se debe es de casi 13 años contra los 8,3 existentes al momento del default. Pero un indicador que también es una muestra de la situación actual es la nacionalidad de los acreedores. Cada vez más locales ganan participación. ¿Es positivo o no? En realidad, si se toma en cuenta que ello es porque ya pocos en el exterior quieren posicionarse en papeles locales, claramente no. Lo alentador, al menos, es que con la llegada de Hugo Secondini y su equipo a la Secretaría de Finanzas vuelve a ser más transparente la información sobre cómo está la Argentina hoy en lo que a deuda se refiere, y para el mercado, la impresión de que se intentará revertir lo que lejos está de ser una holgada posición. Hay margen de tiempo. No demasiado.
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