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Por su parte, el presidente Eduardo Duhalde afirmó ayer que «no» permitirá «de ninguna manera» un aumento en el precio de las naftas y el gasoil «tal como dicen los periódicos argentinos», y aseguró que las empresas petroleras deberán aportar «500 millones a las arcas fiscales».
«Les hice saber a las empresas petroleras que durante mucho tiempo han tenido grandes ganancias y no vamos a permitir de ninguna manera los aumentos que en los periódicos de la Argentina están apareciendo de nafta y gasoil», dijo el Presidente tras la reunión con los principales del Mercosur.
En Repsol-YPF, así como en las estaciones que dependen de Pérez Companc, los aumentos también son inminentes, aun cuando estas empresas corren con la ventaja de contar con petróleo propio.
Ayer, Duhalde también dijo que las petroleras «tienen que hacer ese aporte, que está estimado en el presupuesto nacional en 500 millones de pesos». Pero, por su parte, casi simultáneamente, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, no descartó un mecanismo alternativo a las retenciones.
Consultado sobre si el gobierno daría marcha atrás con las retenciones a las ventas externas de crudo y derivados, Capitanich dijo que «la Ley de Emergencia Pública confiere esa facultad al Congreso nacional», y dijo que si el Parlamento encuentra otra manera de solucionar el tema, «el Poder Ejecutivo no lo objetará».
El jefe de Gabinete aludió así al proyecto alternativo que alientan las petroleras, las provincias productoras y los sindicatos, para reemplazar las retenciones por un impuesto al petróleo en boca de pozo que sería de 8% si la cotización internacional del crudo se ubica por encima de 20 dólares, y tendría una escala de 4% a 7% si el precio se sitúa entre 14 y 19 dólares. En tanto, si la cotización en la plaza internacional es menor a 14 dólares, la tasa sería de 0%. Según las petroleras, aunque la alícuota será menor, al tributar 100% del crudo producido la recaudación sería la misma.
La iniciativa requiere una ley que modifique la de emergencia pública en el artículo que establece las retenciones y, según Capitanich, el proyecto debería ser presentado por los legisladores de las provincias productoras, y ser conciliado con el resto de diputados y senadores.
Las provincias productoras prefieren el impuesto en boca de pozo porque las retenciones implican un precio para el petróleo local 20% inferior a la cotización internacional. Esto significa 16 dólares el barril, a un valor internacional promedio de 20 dólares, con lo cual las áreas con mayor costo de extracción no resultan rentables y serían cerradas. Esto impactaría en el nivel de ocupación y en la percepción de regalías, sobre todo en el caso de Chubut y de Santa Cruz.
Según trascendidos confiables, Duhalde ya habría comprometido el apoyo de los legisladores bonaerenses al proyecto de las provincias productoras. Sin embargo, también hay quienes creen que el Presidente pedirá a cambio que no haya subas de precios al público por lo menos por un tiempo, lo que hasta anoche las petroleras no estaban dispuestas a aceptar.
De todas maneras, la negociación parece permanentemente abierta, y no se descarta que Repsol-YPF, cuya decisión es fundamental porque es la principal productora de crudo y de combustibles, concilie una posición intermedia. Para esta empresa, que exporta 50% de su producción, las retenciones implican «incertidumbre» sobre el flujo futuro de fondos, porque todo aumento en la extracción se destina al exterior y quedaría gravado.
El tema fue advertido por los analistas internacionales. Por eso, la acción de Repsol tuvo la mayor caída cuando se dictó la Ley de Emergencia Pública con las retenciones, y se recuperó inmediatamente, aunque no alcanzó el nivel anterior, cuando se supo que la compañía española negociaba con el gobierno una fórmula alternativa.
En otro orden, ayer el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria entre las petroleras y la Federación de Trabajadores del Petróleo, con lo cual quedaron levantadas las medidas de fuerza que amenazaban el abastecimiento, y suspendidos los despidos por el término de 30 días. De todas formas, las empresas se comprometerían a no expulsar personal ni a cerrar pozos si se eliminan las retenciones a la exportación.




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