Empresarios piden más flexibilización laboral

Más de 300 empresarios apoyaron ayer un plan global de modernización y flexibilización laboral, presentado por el abogado Daniel Funes de Rioja, que se basa en una reformulación general de las leyes de relaciones de trabajo entre las empresas, el Estado y los trabajadores. El plan fue expuesto durante un almuerzo organizado en el Hotel Alvear por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP), que preside Julio Werthein; y concurrieron a escucharlo representantes de prácticamente todas las empresas más importantes del país.

El abogado de la UIA habló de la necesidad de «redefinir totalmente el rol del empleado público y los estatutos vigentes plenos de privilegios». Puso como ejemplo de esta situación que «un docente tiene el triple de licencias que la ley de contrato de trabajo normal».

Los puntos fundamentales del plan presentado ayer por Daniel Funes de Rioja llamado Sin Empresas No Hay Empleo, son las siguientes:

• Regularizar el empleo no registrado, reduciendo los impuestos al trabajo, simplificando los contratos y dando más fluidez a la relación laboral.

• Hay que reducir el número de representantes gremiales en las empresas.

• Para los autónomos, se debe analizar una flexibilización de los aportes a partir de lo que efectivamente se facture, eliminando además la doble imposición.

• Adecuar los regímenes de jornada laboral. Implementar la «modulación» del tiempo de trabajo. Por ejemplo, se deben permitir jornadas laborales de 12 horas con cuatro días a la semana laborables.

• El Ministerio de Trabajo debe fusionarse con el de Educación y formar el Ministerio para la Educación y el Empleo.

• Establecer una modalidad promovida de contratación de emergencia. Regular una modalidad única de incentivo de contratación, contemplando la flexibilidad del ingreso y del egreso del trabajador.

• Reducir las cargas patronales.

• Establecer dos regímenes laborales, uno de pasantías y otro de aprendizaje. Los dos deberían ser los de mayor nivel de flexibilidad laboral.

• Adaptar el régimen de asociaciones profesionales de acuerdo con el principio de libertad sindical, y sobre la base de los convenios internacionales de la OIT. Garantizar la libertad de afiliación y el principio de transparencia en la fiscalización, en particular en las exenciones de las que gozan los gremios.

• Restituirse al sistema de capitalización a todos los fondos «prestados» al Estado (67% de la cartera de las AFJP).

• Ajustar, además, los costos de las AFJP, reduciendo las comisiones.

• Definitiva derogación de los sistemas de jubilaciones de privilegio, que le cuestan al país 486 millones de pesos anuales.

• En este capítulo, si no se pueden derogar estas jubilaciones de privilegio, se podría aplicar un gravamen de 1% por cada año que le falte al beneficiado de privilegio para completar las exigencias básicas de 30 años de aportes y 65 de edad. Lo recaudado iría a mejorar las prestaciones jubilatorias más bajas.

• Las pensiones graciables (que otorga el Poder Legislativo) sólo pueden autorizarse en dos casos: cuando se trate de un mayor de 75 años sin sostén familiar o de bienes y cuando se compruebe una discapacidad total. Cabría prever también una solución parcial vinculada a alguna salida laboral sencilla para los casos de discapacidad parcial.

• Redefinición de la cobertura por desempleo. Por ejemplo, sustituir el régimen de indemnizaciones por un régimen de fondo de desempleo similar al que hoy maneja la construcción. Sería un sistema basado en el autoahorro.

• La prestación por desempleo se aplicaría a quienes acrediten haber trabajado en blanco 8 horas durante los últimos 12 meses. El subsidio duraría 18 meses. Los primeros 12 meses relacionados con el promedio de las últimas remuneraciones y los últimos 6 meses con montos inferiores relacionados con topes.