Estrategia condenada a fracasar

El gobierno confirmó ayer que no dará marcha atrás con la retención de 20 por ciento a la exportación de crudo y de 5 por ciento a los derivados. También pidió a las empresas productoras que no trasladen la devaluación al precio del petróleo en el mercado interno, y que las compañías que ya aumentaron los combustibles den marcha atrás con esa medida.

El presidente Duhalde, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el secretario de Energía, Alieto Guadagni, trasmitieron ayer esos planteos en distintos tonos, apelando a la persuasión o amenazando a las empresas en forma pública.

•Aumento

Las tratativas, sin embargo, fueron infructuosas. Desde Madrid, el presidente de Repsol-YPF, Alfonso Cortina, confirmó que esta empresa adecuará sus precios del petróleo y derivados como consecuencia de la devaluación.

Las otras empresas se mantuvieron en silencio, pero Shell llegó a anunciar incluso nuevos aumentos.

El gobierno abrió así un frente de batalla en el que parece condenado al fracaso. La aplicación de precios máximos iría en contra de la intención de llegar a un acuerdo con el FMI en algún momento.

La aplicación de retenciones, por otra parte, le crearía más conflicto con las provincias productoras de petróleo que creen que con ese impuesto, habrá menos producción, cobrarán menos regalías y se despedirá personal, agudizando la tensión social, sobre todo en Chubut y Santa Cruz.

La reacción gremial, que corre a favor de las empresas y en contra de las retenciones, tampoco será buena para el gobierno. Ya dictada la conciliación obligatoria en un conflicto virtual, porque la Federación de Petroleros Privados decidió medidas de fuerza por la posibilidad de despidos, no porque ya los hubiera, los petroleros realizaron el martes una masiva manifestación en el Sur.

Pero además de eso, mostraron que tienen la llave para crear más problemas en una economía sumamente deteriorada. Cortaron el suministro de gas a Chile, poniendo en peligro la generación de electricidad en ese país, porque 60 por ciento del gas que se consume en la nación trasandina proviene de la Argentina, y la electricidad es mayoritariamente producida en centrales térmicas que usan el fluido.

La operación de los gremialistas sobre los gasoductos también disminuyó el suministro interno, al punto que las centrales térmicas tuvieron carencia de gas y se debió importar electricidad de Brasil durante cuatro horas.

Si esto volviera a repetirse por más tiempo, podría repercutir en las relaciones con Chile y las empresas de ese país que tienen contratos de suministro de gas argentino, podrían iniciar acciones judiciales.

En el plano interno, si las generadoras de electricidad no tienen gas, están obligadas a usar fueloil que es más caro, y esto repercute en sus costos, pero por el momento los aumentos en los costos no pueden trasladarlos a las distribuidoras, porque éstas a su vez, no los pueden trasladar al público, hasta que no se renegocien los contratos, en un plazo que teóricamente es de seis meses.


De este modo, la apuesta del gobierno no parece tener en cuenta todo el cuadro de situación, como si fuera abriéndose frentes sin darse cuenta, y sin ir atendiendo los problemas más previsibles, como por ejemplo, cómo atenuar la suba del gasoil, que afectará al transporte de pasajeros y al flete de mercaderías en unos días más, cuando todas las empresas aumenten el producto.