Excepción: la luz aumenta 3% desde agosto

El precio estacional de la energía eléctrica subirá por lo menos 9% a partir del 1 de agosto. Pero aunque aumente más, el impacto en las tarifas de luz de los usuarios de todo el país será de 3%. Así ya está decidido en la Secretaría de Energía, que está dispuesta a utilizar parte del fondo de estabilización de las tarifas, si finalmente el precio estacional que cobran las generadoras debe ser más alto, porque el gas aumenta más de lo previsto hasta ahora.

Para aprobar el precio mayorista de la energía no se requiere audiencia pública, y de hecho en mayo se ajustó sin ese paso previo. La novedad crispó ayer a las empresas distribuidoras.

«Para el usuario, el aumento lo cobramos nosotros, y ésta es la segunda vez que va a subir la tarifa, y las distribuidoras no recibimos nada», dijeron en una compañía. «Si mientras se aplica la suba, se discute en audiencia pública el aumento para la distribución y la transmisión, es lógico pensar que haya muy mala predisposición», agregaron.

Por el contrario, el precio del gas en boca de pozo, aunque está desregulado al igual que la energía mayorista, debe ser aprobado por audiencia pública, según la ley de marco regulatorio de este servicio, y por lo tanto entrará dentro del esquema previsto por el gobierno.

No obstante, las empresas petroleras, si no encuentran algún canal de negociación dentro del gobierno, podrían apelar a medidas extremas. Entre ellas, podrían subir unilateralmente el precio del gas en boca de pozo a las distribuidoras según el CER; así lo analizaron las petroleras más importantes la semana pasada.

Si eso ocurriera, las distribuidoras podrían acudir a la Justicia contra el gobierno por no dejarles trasladar la suba del gas, porque según los contratos de concesión, el traspaso es prácticamente automático. Pero mientras se dirime la cuestión en la Justicia, deberían pagar el valor facturado por las petroleras, porque en caso contrario, correrían el riesgo de quedarse sin suministro.

Una situación de tensión creciente entre el gobierno y las empresas petroleras -Repsol YPF, Pan American Energy, Total Austral y Pérez Companc- podría también tener otras consecuencias. Por ejemplo, podrían volver a suministrarle menos gas a Camuzzi Gas del Sur, que hoy sólo estaría pagando 10% del producto que consume.

Lo cierto es que los últimos números elaborados por el gobierno provocaron fuerte disgusto en las petroleras, que esperaban subir el producto dirigido a la industria entre 30% y 40%, a cambio de mantener congelado el precio para residenciales hasta el 30 de setiembre.

En el gobierno terminó primando el criterio de que «es muy difícil diferenciar entre la industria beneficiada con la devaluación, y la que no podría tolerar un aumento de tarifas», por lo que se decidió una suba de 12% a 14% para este sector, considerando el gas, y lo que perciben transportistas y distribuidores.