Brasilia (ANSA) - El gobierno brasileño quiere flexibilizar las reglas del secreto bancario fiscal y telefónico de empresas y personas físicas que sean investigadas por delitos financieros, penales y administrativos.
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El gabinete de Gestión del Combate al Lavado de Dinero preparó la propuesta, que permite la circulación de informaciones reservadas entre varios órganos gubernamentales. De ser aprobada por el gobierno, la propuesta será puesta en vigencia por un decreto del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El proyecto prevé que «se atenderá a los pedidos de informaciones o datos, aunque estén protegidos por secreto, formulados por autoridades de actividades de inteligencia, investigaciones de delitos o para la instrucción de procesos». Compartir datos reservados permitirá, por ejemplo, que un comisario de policía tenga acceso a informaciones fiscales de una empresa o de personas físicas que estuviera investigando.
También será posible que un funcionario de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) tenga acceso a datos del movimiento financiero personas sospechadas de lavado de dinero.
El intercambio de informaciones facilitará las investigaciones, ya que no será necesario, como ahora, recurrir a la Justicia cada vez que un órgano federal quisiera una autorización para levantar el secreto de un sospechoso.
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