Flotación, dolarización o nueva convertibilidad

Si la administración del ex presidente Fernando de la Rúa hubiera tenido un diagnóstico mínimamente adecuado de la economía argentina, debería haber implementado temprano en 2000 la eliminación del déficit fiscal vía reducción del gasto público, estabilizando el nivel de la deuda, y la Argentina habría tenido el grado de libertad de intentar detener y eventualmente revertir el avanzado deterioro que ya había alcanzado la convertibilidad.

Si en el primer trimestre del año 2001, frente a la crisis detonada por un nuevo incumplimiento de la Argentina, en este caso a las condiciones del así llamado «blindaje», se implementaba un ajuste del gasto público como el propuesto por el ex ministro Ricardo López Murphy -y que en rigor debía ser considerablemente superior-la Argentina habría tenido grados razonables de libertad para considerar las alternativas de intentar salvar la convertibilidad, dolarizar (con o sin devaluación previa) o establecer una convertibilidad a un tipo de cambio superior.

Pero la incapacidad atávica de la Argentina para efectuar un ajuste anticipado, integral y de volumen suficiente del gasto público -y además reformar su pésimo «governance»-, mantuvo y profundizó una crisis fiscal que en su embate destructivo ha deteriorado significativamente los grados de libertad del país para establecer cualquier régimen monetario y cambiario.

Y del mismo modo ahora, simultáneamente, se mantiene y alimenta la expectativa de que será posible confrontar una eventual desestabilización mayor del tipo de cambio acudiendo a las alternativas de dolarización o de una nueva convertibilidad a un tipo de cambio superior, sin percibir que la pérdida de grados de libertad producto de los errores acumulados de política económica dificultan ya severamente la posibilidad de esas alternativas.

En efecto, la desconfianza generada en el régimen monetario durante los años 2000/ 2001, la consecuente salida masiva de depósitos y de reservas, el régimen de indisponibilidad de depósitos del 1.12.2001, la reprogramación de depósitos del 9.1.2002 y la pesificación de los depósitos en dólares, se traducen en la aversión del público a mantener depósitos, con lo que una porción sustancial de la demanda de dinero en la Argentina es actualmente, si se pudiera manifestar libremente y no estuviera indisponible, básicamente demanda de dólares.

En particular, la pesificación dañó quizá irreversiblemente la demanda de depósitos denominados en dólares, que jugaran un rol tan importante en la recuperación del sistema financiero a partir de la convertibilidad de abril de 1991.

En aquella ocasión, la convertibilidad y la regla fiscal implícita de que el Banco Central no financiara al sector público regeneró la confianza del público, permitiendo que el régimen diera convertibilidad a la base monetaria en tanto por otra parte crecían los depósitos del público, singularmente los denominados en dólares.

Difícilmente los argentinos, en el horizonte visible, vuelvan a considerar dólares a activos locales denominados en esa moneda.

La consecuencia de todo ello es que la dolarización -más allá de la fragilidad asignable a una implementación unilateral y con independencia de los beneficios que sí traería una implementación vía acuerdo con Estados Unidos-tendría ahora el desafío de cambiar por dólares no sólo los $ 10,6 miles de millones de circulante en poder del público, sino además una parte mayoritaria de los $ 83,4 miles de millones de depósitos, excepto probablemente una parte menor que se mantendría como tal con fines transaccionales.

Del mismo modo, una nueva convertibilidad a un tipo de cambio mayor debería ser capaz de enfrentar potencialmente una demanda de dólares al Banco Central no sólo por los $ 10,6 miles de millones de circulante sino por la mayor parte de los $ 86,7 miles de millones de activos monetarios del público, excepto nuevamente una parte minoritaria que se mantendría en pesos y depósitos en pesos con fines transaccionales. Y ello en un contexto en que se han debilitado extraordinariamente los instrumentos y los mercados que permiten normalmente definir en forma competitiva y transparente las tasas de interés.

De modo que ambas alternativas requerirían un volumen de reservas internacionales del que la Argentina hoy no dispone y/o un tipo de cambio extraordinariamente elevado y/o cambiar por bonos o mantener reprogramado un monto importante de los depósitos. Respecto de las reservas internacionales, es totalmente improbable que los organismos multilaterales y otras fuentes estén dispuestos a entregar fondos, y de tamaño volumen, a la Argentina para financiar a sus habitantes la conversión en dólares de sus tenencias de pesos.