No era ningún misterio para nadie que la negociación con el FMI estaba atascada dado que no hay acuerdo entre lo que el Gobierno argentino pretende y lo que los funcionarios técnicos del FMI ofrecen como “hipótesis de máxima”. Eso no es otra cosa que un Crédito de Facilidades Extendidas, el cual el FMI ofrece generalmente a países con problemas estructurales de balanza de pagos. Argentina encuadra prácticamente “de cabeza” en esa categoría de países, por lo que no hubo obstáculo alguno a que la negociación comenzara viento en popa. El gran problema sobrevino cuando hubo que empezar a discutir el plazo de ese crédito del FMI. Ese crédito será gigante -nada menos que u$s45.000 millones- porque el FMI incumplió su reglamento que establece como límite máximo de préstamo para un país el 500% de la cuota en ese organismo. La cuota argentina en el FMI desde agosto de 2016 es de 3.187,3 millones de DEG. Como la cotización del DEG es de alrededor de 1,42 dólares y mucho no ha variado, Argentina en ningún caso podría haber obtenido más de u$s22.600 millones. Sin embargo el FMI otorgó u$s57.000 millones. Vale decir, un 152% más allá de lo permitido por sus propias normas. En el Crédito de Facilidades Extendidas que ahora se negocia para devolver los u$s44.000 millones que se usaron de ese crédito debería poder contemplarse que el plazo de repago de la deuda fuera de 20 años en vez de los 10 que se suele permitir. La cifra no es antojadiza. Si en última instancia Argentina utilizó 100% más del máximo permitido, el plazo de repago también debería ser 100% superior al máximo usual. Los técnicos del FMI se niegan a considerar esta posibilidad porque está fuera de la norma para un Crédito de Facilidades Extendidas. Y allí sobreviene el atasco en la negociación. El peligro es que ese atascamiento se convierta en una verdadera olla a presión que termine politizándose al calor de la campaña electoral. Eso puede ocurrir. La vicepresidenta viene advirtiendo cada vez con más fuerza que Argentina no puede pagar su deuda. Aunque eso pueda caer mal en los mercados, a la vicepresidenta no le falta la razón. ¿Por qué? Hagamos las cuentas: Argentina refinanció su deuda externa otorgando nuevos bonos a cambio de los viejos. Estos nuevos bonos vencen en 2030, 2035, 2038 y 2041. Entre 2025 y 2030 vencen en total más de u$s27.000 millones de capital. Hasta ahora, nada indica que Argentina pueda volver a los mercados internacionales de crédito para poder pagar esa cifra. De hecho, en lo que va del siglo, Argentina solo tuvo crédito en los mercados de capitales en 2016 y 2017. Las nefastas consecuencias las conocemos todos. Ahora bien, los técnicos del FMI -atención, los técnicos de las misiones a los países- pretenden superponer los vencimientos del FMI con los de los bonos privados para cumplir con la letra de la norma de los Créditos de Facilidades Extendidas. Se supone que -por la propia Carta Orgánica del FMI, su máximo reglamento- el FMI debería ayudar a Argentina a superar sus problemas de balanza de pagos. En vez de eso, el FMI pretende cobrar nada menos que los u$s44.000 millones prestados, entre 2025 y 2031. Si el Gobierno fuera como tantos otros que hubo en el pasado que al FMI le firmaban cualquier cosa basta de cerrar un acuerdo, nos encontraríamos con que entre 2025 y 2030 Argentina debería repagar u$s71.000 millones solo de capital a los tenedores de bonos y al FMI. O sea, nada menos que unos u$s12.000 millones anuales, a lo que hay que sumar deuda en pesos, deuda con otros organismos, deudas con el Club de París y toda otra deuda flotante que se pudiera suscribir en estos años. Los vencimientos sumando capital e intereses serían en total, por todo concepto de más del 5% del PBI. Y no del 5% del PBI una sola vez, un solo año. Sino del 5% del PBI cada año durante 6 años consecutivos. Nada menos que en total más del 30% de un PBI en un corto período. ¿Hace falta decir mucho más para caer en la cuenta que lo que pretende el FMI es un imposible? Prácticamente no cabe duda de que si el Gobierno le firma al FMI lo que el FMI quiere vamos de cabeza a un default en breve. El próximo gobierno ya tendría un enorme riesgo de defaultear. En ese sentido, es una verdadera estupidez el razonamiento de los mercados que se espantan cuando la vicepresidenta dice la gran verdad de que Argentina no puede pagar su deuda. ¿Alguien puede suponer lo contrario? Los tenedores de bonos deberían estar muy felices de que el Gobierno cuide sus propios intereses para que puedan cobrar.
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