Fondos buitre y acreedores argentinos que iniciaron acciones legales contra la Argentina por el default harán sentir su presión hoy ante el juez neoyorquino Thomas Griesa. En una audiencia en la que se concentrarán los principales demandantes, le explicarán al magistrado que el gobierno «no está actuando de buena fe» para resolver el problema de la deuda.
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En la audiencia participarán, entre otros, representantes de Kenneth Dart (que a través de su fondo EM Limited inició una acción por u$s 750 millones), del fondo Elliot (u$s 175 millones en bonos), Macrotecnic (representado por el abogado Guillermo Gleizer), y de 200 argentinos que ya iniciaron demandas en tribunales de Nueva York por una suma cercana a los u$s 190 millones.
El argumento central que invocarán será que el ministro de Economía, Roberto Lavagna, no hizo esfuerzo alguno por colaborar con los distintos pedidos formulados por Griesa. El juez había solicitado que la Argentina devele qué activos no vinculados a la actividad específicamente diplomática tiene en los Estados Unidos. Pero en la última audiencia también solicitó que el país informara qué movimientos de activos efectuó los últimos dos meses antes del default a fines de diciembre de 2001. La sospecha (con fundamento) que tienen los acreedores es que el gobierno decidió trasladar reservas desde Nueva York hacia Suiza para evitar posibles embargos. No obstante, este proceso de «descubrimiento» no avanzó hasta ahora debido a que no hubo respuestas por parte del Estado argentino. En esta audiencia el juez aumentaría la presión para que haya una mayor colaboración por parte del gobierno.
La respuesta que intentarán los abogados de Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, que representa a la Argentina, es que el equipo económico está acelerando los pasos para reestructurar la deuda, por lo cual no sería necesario que los acreedores continúen con sus demandas.
Sin embargo, quienes emprendieron acciones legales sostienen que no aceptarán la propuesta que efectúe la Argentina si mantiene una alta quita nominal, tal como viene adelantando el gobierno. Por lo tanto, es probable que estos fondos «buitre» intenten trabar la reestructuración o, lo que es peor, cobrar antes que los acreedores que sí acepten el canje de deuda. Esta situación ya se vivió en otros países que renegociaron, como Perú y Ecuador, pero en el caso de la Argentina sería más grave debido a la enorme masa de acreedores que podrían no aceptar la propuesta final.
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