Fuerte enojo ayer en el Central por la norma

El decreto que suspende los amparos cayó como un baldazo de agua fría en el Banco Central. Ocurre que la institución quedó en el medio del conflicto, ya que se dispuso que deberá concentrar prácticamente todos los trámites y reclamos que efectúen los ahorristas por causas vinculadas al «corralito» de ahora en más.

El presidente del Banco Central, Aldo Pignanelli, analizaba ayer con protestar formalmente ante el gobierno por una decisión que incluyó a la institución y que -en algunos órdenes-hasta podría violar su autonomía.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Decreto 1.316/02, el BCRA deberá recibir todos los trámites de los mayores de 75 años y de quienes presenten problemas de salud que hayan recibido sentencias favorables.

Incluso se dispone que la institución tendrá que cumplir «los mandatos judiciales con cargo y por cuenta y orden de las entidades financieras obligadas», en un plazo de cinco días hábiles desde recibido el requerimiento.

Esto significa que el BCRA debería pagar los amparos dispuestos por la Justicia para los casos de excepción. La incógnita es de dónde debe sacar el dinero. Supuestamente, los fondos saldrían directamente de las cuentas corrientes que los propios bancos tienen en la institución.

«No es un tema sencillo, porque si el BCRA debita una determinada suma de la cuenta de un banco, puede dejarlo en rojo ante la cámara de compensaciones o también puede dejarlo abajo en lo que respecta a las relaciones técnicas», explicaban altas fuentes de la autoridad monetaria.

El departamento de legales de la institución también se disponía ayer a realizar su interpretación del decreto. Fundamentalmente, remite todo al artículo uno. Allí se dispone que «todas» las medidas cautelares se suspenden por el plazo de 120 días hábiles. Con lo cual, todo lo que se dispone respecto del tratamiento de los amparos y la actuación del Central entraría en juego una vez finalizado ese período.

Por otra parte, el artículo 4 del decreto trata la situación de los ahorristas comprendidos como caso de excepción que no hubieran realizado amparos judiciales. En este caso, también se cambió el procedimiento, que queda de la siguiente manera:

• Este grupo de ahorristas (mayores de 75 años, casos de salud e indemnizaciones) puede optar por pedir la liberación de sus depósitos a través de un pedido judicial por sede administrativa.

• Se trata ya no de desafectar el dinero reprogramado y pasarlo a la vista, sino directamente de cobrar en efectivo.

• La sede administrativa correspondiente debe gestionar ante el Banco Central, en forma gratuita, el cobro del dinero. Según el decreto, el BCRA deberá definir el pago «en la estricta medida de las necesidades» de quien solicitó el beneficio.

• La liberación de los fondos debe efectuarse en un plazo máximo de cinco días hábiles.

• Una vez definido, el Central ordenará el pago al banco correspondiente en un plazo máximo de 48 horas.

Esto significa que el BCRA deberá habilitar una oficina especial para analizar todos los casos de excepción que solicitan el cobro de su depósito pesificado en efectivo. Tendrá sólo cinco días y, además, deberá definir qué porcentaje del depósito puede cobrar en billetes.

«De ninguna manera estamos en condiciones de hacernos cargo de esta responsabilidad, y mucho menos de un día para el otro», dejó deslizar ayer el titular del Central.

Además, el hecho de que se haya dispuesto por decreto que el trámite sea gratuito estaría pasando por encima de la auto-nomía de la institución. Según la visión legal que manejan en el Central, el presupuesto de la institución no puede ser definido por el Poder Ejecutivo.