La Paz (AFP) - La refundación de la empresa estatal de petróleos (YPFB), una de las prioridades de la nacionalización de hidrocarburos en Bolivia, está trabada por graves problemas financieros, menos de cuatro meses después de lanzado el proceso por el presidente izquierdista Evo Morales.
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YPFB recibió a mediados de mayo una inyección de unos u$s 700 millones en títulos, que eran administrados por fondos de pensiones privados, pero este dinero tiene restricciones para su uso y no está disponible para la empresa.
Durante una audiencia parlamentaria, se informó ayer, el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, se quejó de que hasta el momento la petrolera no ha recibido beneficios de la nacionalización del sector.
Según el decreto de nacionalización del 1 de mayo, YPFB debería recibir entre 30 y 90 millones de dólares de parte de la brasileña Petrobras, que gestiona dos de los más importantes campos gasíferos y la producción de carburantes para el mercado interno.
Pero el dilema para el gobierno es que, necesitando el dinero de Petrobras, no lo puede recibir porque eso significaría reconocerle derechos que chocan con el propósito nacionalizador del gobierno, que pretende que YPFB se encargue de toda la cadena productiva del negocio del gas.
«El meollo de la nacionalización, sobre todo en el tema de los megacampos (Sábalo y San Alberto), es que si YPFB recibe los 30 a 90 millones de Petrobras, la transnacional se queda como dueña de toda la cadena productiva y con eso no hay nacionalización», admitió Soliz, interpelado por el Senado boliviano, que es controlado por la derecha opositora.
Legitimación
De producirse la entrega por parte de la compañía brasileña de esos fondos, «se desnaturalizaría el proceso de nacionalización y se legitimarían tácitamente las operaciones de Petrobras en un campo que corresponde enteramente a YPFB», explicó Soliz.
«Petrobras transportaría el hidrocarburo hasta la refinería, sacaría los productos, almacenaría y distribuiría a las estaciones (de servicio). Es decir, seguiría siendo dueña de la cadena productiva», dijo.
Según la política de nacionalización, YPFB debía gestionar por sí sola en un plazo de 60 días, que venció a principios de julio, el flujo de producción, refinado y comercialización en el mercado local.
La empresa petrolera, que busca alcanzar el estatus de una corporación del tipo Petrobras o de la venezolana PDVSA, ha tropezado además con problemas para abastecer el mercado boliviano de gasoil, que gestionaba Petrobras vía importación, para el oriente, norte y nordeste bolivianos.
Tal situación llevó al titular de YPFB, Jorge Alvarado, a tentar a fines de julio un trueque de crudo por diésel con una empresa brasileña, por lo que la Superintendencia del sector lo acusó de corrupción.
