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La norma era reclamada por las compañías privatizadas, porque se sabía que es el paso previo para empezar las tratativas. De todas formas, éstas no serían inmediatas, porque quedan sujetas a la formación de una comisión, la que deberá integrarse en un plazo de 30 días.
Pero además se fija un período de 120 días para que la propuesta de renegociación sea elevada al Poder Ejecutivo, lo que permite prever que por lo menos hasta fin de año, no habrá respuesta para las empresas, dato que sin duda provocará malestar en las prestadoras de servicios públicos y puede repercutir en el nivel de inversiones de este año.
La renegociación de los contratos quedó planteada al dictarse la ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario que desdolarizó las tarifas de servicios públicos y las pesificó a una relación 1 a 1 con el dólar, a la vez que prohibió la indexación por índices de precios de otros países o cualquier otro mecanismo indexatorio.
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