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8 de agosto 2014 - 19:20

Gobierno insiste que EEUU responda por Griesa

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El Gobierno nacional justificó la demanda contra los Estados Unidos ante los tribunales internacionales de La Haya por el conflicto con los fondos buitre y aseguró, antes del encuentro en Nueva York con el juez Thomas Griesa, que tenía expectativas negativas sobre la audiencia. "La Argentina lo que espera es que EEUU asuma su responsabilidad por su poder judicial", advirtió.

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"Las expectativas en las sucesivas audiencias son absolutamente negativas porque Griesa ha mostrado parcialidad. Manifiesta parcialidad a favor de los buitres porque ha demostrado palmariamente el desconocimiento del mecanismo de reestructuración de deuda", había sostenido el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en su habitual conferencia de prensa matinal.

En ese marco, el funcionario afirmó que Griesa "debe resolver la multiplicidad de cuestiones de carácter judicial promovidos por las partes, desde Euroclear, hasta el agente fiduciario, el Citibank y el JP Morgan. Deben no solo recibir los recursos, sino pagar a los tenedores", aseveró.

"Griesa no entiende este proceso, ni a un país soberano, que se rige por leyes soberanas. El juez nunca hace nada, promueve audiencias sin hacer nada", dijo al minimizar las expectativas sobre el nuevo encuentro. "La Argentina pagó, y el juez Griesa debe habilitar el pago correspondiente", agregó.

Capitanich reiteró las acusaciones contra el Bank of New York Mellon. "La Argentina paga e hizo los depósitos en el BoNY para que sean distribuidos. Los fondos no son de la Argentina, son de los bonistas, y el BoNY incumple el contrato", consideró.

"Viola los contratos de fideicomiso, el propio juez de los Estados Unidos, que siempre invocan la necesidad de generar seguridad jurídica, pero ellos "(los EEUU) violan sistemáticamente la seguridad jurídica", completó.

"Queda una oportunidad, que es dar el stay, para suspender la orden de sentencia hasta fin de año, a los efectos de no activar la cláusula RUFO", aseguró el jefe de Ministros, que recomendó al magistrado "no interferir el proceso de cancelaciones de las obligaciones, y esto incumbe al poder político de los Estados Unidos".

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