Habría audiencia pública antes de subir las tarifas

Aunque el gobierno ya tiene decidido autorizar a partir del 1 de agosto un aumento de tarifas para los servicios públicos esenciales (luz, gas, teléfono y agua), durante el fin de semana empezó a pensarse que la medida no será posible sin llamar a audiencia pública y sin dar intervención al Parlamento.

De tal modo, por lo menos hasta ayer, el proyecto oficial es cerrar los números de los ajustes para cada servicio durante esta semana. Con esto, el presidente Eduardo Duhalde cumpliría con lo prometido a inversores extranjeros, sobre que el viernes 19 iban a tener una respuesta sobre las medidas para los servicios públicos.

• Paquete global

El proyecto incluiría un paquete global para los servicios esenciales y abarcaría también a los ferrocarriles metro-politanos y a los peajes, pero, en estos últimos casos, con más posibilidad de alargamiento de los plazos de concesión que de subas de tarifas.

La iniciativa sería comunicada a las empresas o hecha pública antes del viernes, pero mien-tras algunos piensan en un decreto de necesidad y urgencia, va tomando predominio la idea de que los entes reguladores convoquen a audiencia pública.

El trámite de la audiencia evitaría que puedan presentarse recursos de amparo en la Justicia por no haber consultado a los usuarios, siendo que el mecanismo de la audiencia es exigido por la Constitución. De todas formas, la audiencia no tiene carácter vinculante, pero, de realizarse, no sería posible contar con los ajustes el 1 de agosto, a menos que se los firme después y se los aplique con retroactividad a esa fecha.

En cuanto al Parlamento, según la Ley de Emergencia Pública, debe intervenir una comisión creada por esa norma, y según el Decreto 293 (que reglamentó la renegociación de los contratos), también debe hacerlo la comisión bicameral de seguimiento de las privatizaciones.

En apariencia, la intención oficial es girar a fin de esta semana el proyecto global a ambas comisiones, con la expectativa de que ese trámite aborte algunas iniciativas del Parlamento que podrían demorar mucho más cualquier alza en las tarifas.

Según trascendió ayer, diputados del justicialismo y de la UCR están impulsando un proyecto para establecer un marco regulatorio de los servicios públicos, en el que se determinen las condiciones para la renegociación de los contratos de concesiones y para aumentar las tarifas.

En la última semana, los diputados de la comisión de Obras Públicas decidieron acelerar la sanción de esta ley. Según un predictamen, la renegociación de los contratos debería abarcar todos sus aspectos, y el aumento de tarifas tendría que estar relacionado con el ingreso de la población.

En ese sentido, establece que las tarifas «deberán guardar una relación razonable con el ingreso de los usuarios y consumidores, asegurando el mínimo costo posible».

El gobierno intentaría parar ésta y otras iniciativas enviando el proyecto con los aumentos y alargamiento de plazos de la concesión, y fijando congelamiento o aumentos ínfimos para los usuarios de menor consumo.

En principio, hay un compromiso político de Duhalde con las privatizadas (y con las petroleras por el precio del gas), y hay una evidente presión del Fondo para que se dé una solución al congelamiento de las tarifas.

En las empresas, en tanto, prima la opinión de que «la cuestión debe resolverse rápidamente, porque, si se entra en el tiempo preelectoral, ya no habrá espacio político para los ajustes».