Hay fuerte presión de las privatizadas

Hay una fuerte presión de las empresas privatizadas para que el ministro Roberto Lavagna defina quiénes serán ahora los interlocutores para la renegociación de tarifas prevista en la Ley de emergencia pública.

Jorge Remes Lenicov había formado una comisión que presidía el ex secretario legal y técnico del Palacio de Hacienda, Eduardo Ratti, que se fue con el ministro. La comisión renegociadora tiene además otros integrantes y un secretario, José Barbero, que fueron nombrados por un decreto presidencial.

Para la mayoría de las compañías la comisión tuvo durante la gestión de Remes el único objetivo de ganar tiempo, para postergar por lo menos hasta julio, cualquier ajuste tarifario. En la práctica, los negociadores sólo pidieron información a las empresas y un criterio sobre cómo reconstituir las tarifas.

Pero estaba claro que la decisión política se iba a tomar en otro lugar y que podía inclusive estar sujeta a la presión del Congreso, donde algunos legisladores presentaron un proyecto para que cualquier aumento de tarifas fuera tratado por el Parlamento, no sólo por las comisiones de seguimiento de la emergencia y de las privatizaciones, que formalmente son los dos ámbitos donde debe revisarse cualquier decisión.

•Default

Las expresiones de Lavagna sobre la necesidad de que las empresas esperen un tiempo para los ajustes de tarifas no cayeron bien en las compañía. «Varias ya declararon el default financiero para poder seguir operando, pero si esto sigue así pueden llegar al default operativo», afirmaron en una distribuidora de gas.

«Estamos ya en el cuarto mes desde que se pesificaron las tarifas y se prohibió todo tipo de indexación, y no tenemos definiciones, mientras los precios de todos los productos subieron y es ridícula la situación en que quedaron los precios relativos», dijo un directivo de una compañía eléctrica.

En su opinión, la distorsión es tal que un paquete de velas «cuesta hoy lo mismo que dos días de consumo eléctrico en Capital Federal».

Las empresas consultadas insistieron en que saben que no pueden pretender hoy reconstituir las tarifas a los valores anteriores a la devaluación, pero reclamaron «un sendero» que paute hacia el futuro un escalonamiento de ajustes, y también insistieron en la necesidad de que «el Estado sacrifique impuestos, que los consumidores ni siquiera saben que están pagando».

Según dijeron, los integrantes de la anterior comisión les habían anticipado a las empresas que el criterio no era modificar la carga impositiva, de modo que, si esto no cambia, no habrá atenuantes en los ajustes de tarifas.

•Impuestos

La carga impositiva en la tarifa eléctrica es de 31% para un usuario residencial medio que consume 400 kilovatios por bimestre en la provincia de Buenos Aires y de 22% para el mismo consumidor en la Capital Federal. En el caso del gas, la incidencia de los impuestos en la tarifa de un usuario de Capital Federal es de 23,7%.

En el sector empresario se afirma que si los accionistas ya demostraron que no están dispuestos a poner dinero para salvar el default financiero, tampoco lo harían en caso de una crisis que afecte el servicio. El caso más típico en este sentido sería el de Transener, la empresa de transporte eléctrico en alta tensión, que en los años anteriores sufrió la caída de varias torres de trasmisión por fenómenos climáticos, y que, según se afirma, hoy no estaría en condiciones de reponer las instalaciones, si volviera a repetirse la situación.

Dentro del gobierno, hay quienes creen que las manifestaciones sobre la calidad del servicio y la posibilidad de que haya cortes de luz, gas o agua, son una forma de presionar para obtener aumentos de tarifas. A esto las empresas contestan que «no se puede poner dinero cuando hubo ruptura de los contratos y no hay nada que asegure que la situación se va a recomponer». Por eso, podría pensarse que si efectivamente se trata de una presión, casi no caben dudas de que las compañías más afectadas la llevarán hasta su última instancia.