Igual demoran la personería de la CTA

El gobierno mantendrá su alianza con Hugo Moyano y tratará de reducir los efectos del fallo de ayer de la Corte Suprema del sector público. Sólo si hay una generalización judicial en contra del monopolio de la CGT en el sector privado revisará la posición. Mientras tanto, no hay planes para institucionalizar la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).

El encargado de hacer públicala posición oficial fue Carlos Tomada, que por la tarde blanqueó la visión del gobierno. «Se trata de un caso particular y específico, y no se puede extrapolar a ninguna otra situación», dijo el ministro de Trabajo. En otras palabras, la decisión de la Corte sólo alcanza al sindicato a que refiere el fallo: la posibilidad para que la Asociación de Trabajadores del Estado -ATE-(el miembro más importante de la CTA) puede ejercer la representación legal de los trabajadores del Ministerio de Defensa.

El Ministerio de Trabajo no tendrá reparos entonces para que ATE elija delegados a la par del Personal Civil de las Fuerzas Armadas (PECIFA). Pero, al menos por ahora, no tiene pensado ampliar el beneficio al resto de las actividades económicas, especialmente las privadas, donde reinan Moyano y el resto de los históricos capataces sindicales.

Delegado

Estas fueron las instrucciones que ayer por la tarde llegaron desde Olivos a todas las áreas del Poder Ejecutivo, después de haberse conocido la decisión del tribunal de habilitar la libertad de la representación sindical. La novedad había caído como una bomba en la CGT de Hugo Moyano , que inmediatamente envió un delegado hacia la sede del Ministerio de Trabajo. Se trató del diputado nacional Héctor Recalde, que tenía agendada una reunión en la cartera laboral, que luego temáticamente mutó en la discusión de la cuestión del fallo de la Corte. Recalde, antes de conocer la visión de Olivos, ya había opinado que la libertad de afiliación se circunscribía a la cuestión del Ministerio de Defensa, y que sólo en el caso de que eventualmente la CTA supere en número a los afiliados a la CGT, se podría hablar de discutir el monopolio de la legalidad de la representación gremial en el país.

La propuesta del gobierno fue entonces clara: permitir el fallo al sector público, donde la CTA ya tiene el aval virtual para actuar, pero no permitir la generalización del derecho. Sólo si durante 2009 comienzan a caer en cataratas los fallos judiciales a favor del avance del derecho de libre asociación gremial en otras actividades, se volvería a reflexionar sobre el tema. Mientras tanto, la posición es «caso cerrado».

En voz baja, se reconoce que la realidad en el mediano tiempo podría ser complicada para el Ejecutivo y su alianza con Moyano. El texto del fallo tiene una letra concreta y problemática para el acuerdo entre el gobierno y el camionero. Es cuando la Corte remarca el llamado a «la libertad para los sindicatos, con el propósito de que puedan ser fundados y realizar sus actividades sin obstáculos o limitaciones del Estado» y puedan ejercer «la promoción, ejercicio, defensa, fomento y protección de los intereses legítimos de orden sindical». Más adelante avanza asegurando que «la democracia fue reconocida como prenda de convivencia, de apertura franca y amplia hacia el pluralismo y la participación, tanto para la persona que libremente se incorpora a una organización, cuanto para las relaciones entre todas y cada una de éstas en el concierto de los sindicatos», y llama al gobierno a que el Estado «antes que impedir o entorpecer, debe dejar en libertad» la posibilidad de representación sindical para que puedan ejercerla con «plenitud y pluralismo».

Además del «peligro» de que se generalice la formación de gremios avalados por la CTA, surge otro riesgo para el gobierno. El fallo no limita representaciones sindicales, con lo cual cualquier organización de este tipo con cierta personería y estatutos, si se institucionalizara la CTA, podría pedir el mismo reconocimiento. En otras palabras, y con nombre y apellido, por ejemplo, la CGT Azul y Blanca de Luis Barrionuevo podría pedir el mismo trato que la CTA, según se desprende del texto del fallo. Ayer, el secretario adjunto de la CTA, Pablo Michelli, declaró a este diario que no habría ningún problema para que la CGT alternativa del gastronómico adquiera el mismo estatus institucional que la central de trabajadores de Hugo Yasky. Un motivo más para que desde el gobierno se congele la posibilidad de otorgar la personería gremial a la CTA a partir de la decisión de la Corte.