Celeridad, para evitar el naufragio

Economía

Desde el Gobierno nacional se instrumentaron medidas económicas para palear la crisis de muchos cuentapropistas, autónomos y pequeñas y medianas empresas. Muchas de estas medidas todavía no han sido hechas efectivas por falta de reglamentación.

Muchas son las propuestas e iniciativas que les acercaron al Gobierno, tanto por parte de representaciones empresariales como sindicales y también de especialistas, economistas, organismos profesionales, etc. También desde el Gobierno nacional se instrumentaron medidas económicas para palear la crisis de muchos cuentapropistas, autónomos y pequeñas y medianas empresas. Muchas de estas medidas todavía no han sido hechas efectivas por falta de reglamentación y ello es lo que hace que todas ellas que por DNU fueran puestas a disposición, las hagan inoperantes y no lleguen en el momento oportuno, dejando desprotegido a un sector muy importante de la sociedad.

No son momentos para pedir requisitos tales como Certificado PyME, demostración de tal o cual cosa para acceder a los beneficios o ayuda social que se pretende, ni tampoco esperar reglamentaciones burocráticas por parte de los organismos competentes.

La urgente realidad muestra que las pymes y/o monotributistas o contribuyentes individuales (profesionales independientes, técnicos, etc.) están con graves problemas de liquidez al tener que hacer frente a sus obligaciones primarias, que solo a modo de ejemplo podemos resumirlas en pago de salarios, alquiler de planta y equipo, pagos a proveedores esenciales, servicios públicos, impuestos nacionales y provinciales, entre otros.

Entonces, la celeridad con que la ayuda llegue efectivamente a tiempo hará que las medidas sean más o menos exitosas y ella sin dudas, será la variable. La celeridad implica en este momento y de forma excepcional, dejar de lado ciertos requisitos en pos del éxito que la medida pretende obtener. En suma, así como en un naufragio no se puede pedir el boleto de entrada a la lancha salvavidas, el Estado en esta instancia no debería pedir burocráticos requisitos para extender la mano que evite el naufragio de muchos contribuyentes.

El Estado presente debe disponer de un presupuesto especial para esta circunstancia, también especial, que sea distribuido de la forma más equitativa posible y sin pretensiones de lucrar, tanto económica como políticamente. Ese debería ser el aporte del Estado con el fin de proteger el bien tutelado.

Pasado todo esto, será el tiempo de pedir el rendimiento de cuentas y penalizar a aquel contribuyente que, aprovechando la ocasión quiso sacar tajada favorable haciéndose de beneficios que quizás no le correspondían. Pero el Estado debería confiar, en primera instancia en el buen accionar del empresariado argentino, así como este último confía en el Estado cuando paga sus impuestos como corresponde hacerlo.

Para cualquier contribuyente, sea este unipersonal o pyme lo más importante es poder pagar los salarios de su personal que no se puede extender a más del día cinco de cada mes. Los bancos deberían ofrecer automáticamente la nómina salarial a sus clientes que tengan habilitada la cuenta sueldo, a cubrir con fondos provistos por alguno de los mecanismos con que cuenta el BCRA. Luego se verá cómo el tomador o empleador devuelve esa suma de dinero.

Con respecto a los impuestos nacionales y provinciales, permitir todo tipo de compensación de saldos a favor del contribuyente además de la postergación de todos los vencimientos con un plazo razonable que este directamente relacionado con la puesta en marcha del país y no con el día después del levantamiento del aislamiento obligatorio. Agilizar también la devolución de impuestos como, por ejemplo, el reintegro del IVA de exportación y otros reintegros que el Estado muchas veces hace interminables los trámites para obtenerlos.

Con estas medidas temporales, el contribuyente individual y pyme estará en mejores condiciones de hacer frente a las demás obligaciones con sus proveedores de bienes y servicios, garantizando que no se corte la cadena de pagos, condición indispensable para evitar el quiebre de empresas y consecuente pérdida de muchos puestos de trabajo.

(*) Contador Público. Integrante de la Mesa Directiva del CPCECABA y exsecretario de FACPCE.

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