Otra posibilidad sería que el Estado se hiciera cargo de una parte de la concesión de una privatizada, en sociedad con la misma empresa o con un tercer actor, para la inversión en obras que se están postergando por el congelamiento de tarifas y el endeudamiento de las prestadoras actuales.
Una situación similar ya se dio en el caso de las transportadoras de gas, pero sin la participación del Estado. En estas operaciones se formaron sociedades entre privados y TGN o TGS para concretar las ampliaciones de los gasoductos que se hicieron este año. El nuevo régimen habilita al Estado a participar de esas sociedades que después perciben ingresos hasta el repago de la obra, a través de las facturas que cobran las empresas prestadoras.
El decreto también habilita a la sociedad público-privada a prestar el servicio total o parcialmente, haya o no ejecución de obra, lo que podría referirse a determinadas zonas geográficas que deben ser subsidiadas o a nuevas reestatizaciones a través de sociedades mixtas.
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