El Estado argentino enfrentará otra demanda judicial, esta vez por 13.000 millones de dólares. La presentación será encarada por las AFJP y por un grupo de afiliados al sistema previsional privado. Por decreto, el gobierno deshizo los llamados préstamos garantizados y seguramente les aplicará una quita de 70% en la próxima reestructuración de la deuda pública. Las AFJP pedirán, además, el embargo de los fondos que se recauden en concepto del impuesto al cheque, que es la garantía que se había otorgado a esos préstamos garantizados. Al ingresar a la reestructuración de la deuda, esos ahorros previsionales sufrirán una quita que dejaría al sistema al borde del colapso.
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Las AFJP y la Asociación Civil de Defensa Ciudadana acudirán a la Justicia para que declare la inconstitucionalidad del decreto y plantearán una medida cautelar para embargar los fondos que el Estado recauda del impuesto al cheque, que es -ni más ni menos- la garantía de los préstamos garantizados.
Era la crónica de un final anunciado la pelea entre Economía y las AFJP, a la que ahora se sumaron los afiliados que rechazan la pretensión del gobierno de devolver el préstamo con bonos en default.
Ya lo había anticipado Roberto Lavagna, cuando criticó a las AFJP por rechazar la pesificación de los préstamos garantizados y mantuvo la cerrada postura de afirmar que los bonos en dólares en default ingresarían en la reestructuración de la deuda y en el paquete de los títulos que la Argentina no cancela.
El nuevo quiebre a la seguridad jurídica tiene una historia que comenzó en 2001, durante la gestión de Domingo Cavallo con la fuerte inversión en títulos públicos que alentó a realizar a las AFJP, tentándolas con altas tasas.
Estos bonos en dólares fueron posteriormente canjeados por el préstamo garantizado por la recaudación del impuesto a los créditos y débitos de cuentas bancarias, más convenientes para el Estado al establecerse un tope de 7% anual en la tasa de interés.
En ese convenio se estableció, además, que en caso de incumplimiento del Estado, las AFJP tenían la opción de reclamar el pago del bono original.
El canje fue consensuado entre el gobierno y las AFJP, a través de contratos regularmente celebrados. Pero sucedió que a principios de 2002, los préstamos fueron compulsivamente pesificados con la sanción del Decreto 214, declarado inconstitucional por todos los tribunales del país y ratificado luego por la Corte Suprema en el fallo «San Luis».
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