La ilusión de un país serio

Dos expertos, uno en derecho, Jorge Casanovas, y otro en economía, Manuel Solanet, reflejaron ayer en «El Cronista Comercial» y en «Infobae», respectivamente, la fantasía de muchos argentinos: que la actual puja por una nueva ley de coparticipación arreglará la distribución del monto de los principales impuestos, de tal manera que éstos sirvieran mejor al país. En realidad, esta fuerte disputa entre el presidente Kirchner, por un lado, y Felipe Solá y Eduardo Duhalde, por el otro, es apenas una lucha por poder político lamentablemente más sustentado, hoy en una Argentina empobrecida, en poseer fondos para repartir, en lo que se llama «clientelismo», que en el voto pensado de la gente sobre las mejores opciones. Cuando el índice de pobreza alcanza a 48%, pocos pueden pensar en sufragar (la abstención electoral fue récord con 30% de ausentes de las urnas), y el grueso de los votos se entrega por dádivas. De ahí la pugna. Pero, aunque sea sólo para alucinarnos, veamos a través de párrafos salientes de estas dos opiniones cuál debería ser el verdadero debate constructivo, sin politización, en el tema.

• Escribe el diputado Jorge Casanovas

Todos los países basan su sistema de recaudación de ingresos y la Argentina no es excepción, en tres impuestos que no se pueden descentralizar en su percepción: Ganancias, IVA y Seguridad social. En cambio, los gastos en su mayor parte se descentralizan para ganar en flexibilidad y transparencia.

Esa forma de distribuir los ingresos entre las provincias se llama coparticipación y es muy importante, pues con esos importes se financia la educación, la salud, la seguridad, la Justicia y gran parte de la obra pública.

• Descentralización

Se descentralizaron gastos entre 46 y 48% y se descentralizó la recaudación en 28 por ciento. Por eso en las provincias se gasta más de lo que se recauda. El saldo, entonces, se financia con la coparticipación.

Se distribuían en 1988 43% a la Nación y 57% a las provincias. Hoy las provincias reciben 39% y la Nación 61% y si a este porcentaje se suman retenciones se alcanza 66 por ciento.

Con la creación de las AFJP en 1994 se extrajo de la masa coparticipable una porción de cada impuesto, convirtiéndose a los jubilados en el equivalente a una nueva provincia.

Esa injusticia no se remedia con la propuesta del gobierno nacional, en la que no se incluyen en la masa coparticipable otros impuestos en los que las provincias tienen menor participación: 100% del impuesto al cheque, adicional de cigarrillos, combustibles líquidos, adicionales sobre gasoil y naftas y 100% del monotributo.

• Escribe el economista Manuel Solanet, línea Ricardo López Murphy

La República Argentina se conformó en su origen como una confederación de estados provinciales. Esto está claramente expuesto en las Constituciones de 1819 y 1826 y en los acuerdos que consolidan la organización nacional: el Acuerdo de San Nicolás y la Constitución de 1853. El poder emana de las provincias. Hay poderes delegados al gobierno nacional, poderes conservados por las provincias o poderes concurrentes. La fortaleza de la institución presidencial en la Argentina ha alcanzado a opacar la percepción del concepto de organización federal, pero no la invalida.

• Alineamiento

La confederación sólo puede funcionar con eficiencia cuando hay un alineamiento de intereses entre las provincias y el gobierno nacional. Los acuerdos fundamentales de nuestra organización nacional establecieron la delegación de poderes intentando conciliar y alinear intereses. Se eliminaron las aduanas internas y se delegó en el gobierno nacional el control de la frontera y el cobro de los impuestos aduaneros. Los demás tributos quedaban a cargo y en beneficio de las provincias. Se delegaba en el gobierno nacional la defensa y las relaciones exteriores. Luego se incorporaron otras responsabilidades delegadas tales como la emisión de una moneda única y la ejecución de obras públicas de interés nacional.

Con el correr del tiempo, ya sea por delegación explícita o por absorción de hecho, el gobierno nacional ha tomado a su cargo numerosas atribuciones originalmente provinciales. Pero el caso más importante es sin duda la transferencia de la potestad de cobrar impuestos desde las provincias hacia la Nación. Lo que se inició como una cuestión de orden práctico para dar eficiencia a la tarea recaudatoria centralizándola en una única agencia con un criterio devolutivo, derivó luego hacia un sistema fuertemente redistributivo. Las provincias mayores dan origen a recursos impositivos nacionales en m a g n i t u d e s más importantes que los fondos que reciben por coparticipación. Lo opuesto ocurre con las provincias menores. No hay por lo tanto correspondencia fiscal. En definitiva, el régimen resulta en un motivo permanente de conflicto y desalineación de intereses. Con este sistema, a cualquier gobierno provincial le interesa que se evadan los impuestos nacionales en su territorio, ya que de esa forma los fondos quedan en 100% en la provincia mientras que si se recaudan sólo retornan en un porcentaje menor. Los gobernadores tienen el beneficio de aumentar el gasto pero no el costo político de incrementar los impuestos. Gastan con billetera ajena y esto es mucho más marcado en las provincias chicas. La consecuencia es obvia, con el correr del tiempo aumenta el gasto provincial.

El componente redistributivo de la coparticipación multiplica el conflicto. Las provincias grandes, en particular Buenos aires, aportan más recursos de los que reciben. Si recuperasen sus potestades tributarias incrementarían notablemente su capacidad de gasto. El actual conflicto del gobernador Solá con el gobierno nacional refleja esta situación. El retorno a la plena correspondencia fiscal sería deseable para que los incentivos para gastar menos y mejor, jueguen en sentido correcto, pero eso afectaría de tal forma a las provincias medianas y chicas que resultaría impracticable. La única solución viable parecería ser que la Nación sólo retenga tributos para cubrir su propio gasto y que las provincias recauden por su cuenta y aporten a un fondo redistributivo entre ellas para no alterar la situación actual de recursos. El sentido del conflicto se modificaría saliendo la Nación del problema y quedando sujeto a un acuerdo y control entre las propias provincias. Este no es sin embargo, el sentido del proyecto propuesto actualmente por el gobierno, que no innova en esta cuestión fundamental.