La batalla del gobierno contra las AFJP sumó ayer otro capítulo. La Justicia allanó sus sedes centrales para determinar si cometieron maniobras fraudulentas, como el desprendimiento de activos, antes de que se anunciara la estatización de todo el sistema provisional. El juez Bonadío dictó, además, nuevos oficios para restringir las operaciones de las AFJP. Les permitió sólo renovar plazos fijos (no pueden retirar los fondos) y solicitó toda la información referida a compra de dólares que llevaron adelante en las últimas semanas. Personal de la División Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal estuvo en las diez AFJP.
La Justicia allanó ayer las sedes de las diez AFJP, en el marco de una denuncia por posibles maniobras especulativas con ventas masivas de acciones y bonos poco antes de que la presidente Cristina de Kirchner anunciara el fin del sistema de capitalización. Los allanamientos fueron ordenados por el juez federal Claudio Bonadío luego de una solicitud realizada por el fiscal Miguel Angel Osorio.
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La medida apunta a determinar si esas entidades cometieron alguna acción fraudulenta con los fondos de los aportantes, previamente al anuncio del gobierno sobre la eliminación del sistema jubilatorio privado.
El martes, cuando ya se conocía que el gobierno anunciaría la estatización del sistema de capitalización, las AFJP habrían vendido cientos de millones de pesos en títulos de la deuda, según la presentación del fiscal.
En el marco de esa denuncia, las oficinas de las diez AFJP fueron allanadas y comenzó el secuestro de voluminosa documentación. Esta acción se suma a la del martes, cuando el juez Bonadío había dispuesto que las AFJP no realizaran operaciones durante una semana para no modificar la composición de su cartera de inversiones, con fondos por $ 98.000 millones colocados principalmente en bonos y en acciones tras una presentación de otro fiscal federal, Guillermo Marijuán. El delito que se les imputa a las AFJP es castigado con penas que van de dos a seis años de prisión.
Durante los operativos, se secuestró « documentación, nóminas de asociados y soportes magnéticos», dijo una fuente de la división Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal, a cargo de los allanamientos.
«Es enorme la cantidad de material que debe retirarse, por lo que se evalúa que, en lugar de llevarlo al juzgado, pueda ser depositado en la Superintendencia de Investigaciones» de la Policía Federal, se indicó.
Las tres mayores AFJP son Orígenes ( controlada por la holandesa ING Insurance), Met (de la estadounidense Metropolitan Life) y Consolidar (del grupo español BBVA), que acaparan 47% de los 9,5 millones de afiliados a la jubilación privada.
También operan en el mercado otras firmas controladas por sindicatos, asociaciones profesionales y cooperativistas como Arauca, Unidos, Futura, Previsol y Profesión+Auge. Además están Máxima, del grupo inglés HSBC, y Nación, del Banco de la Nación Argentina.
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