La aprobación en el Senado de la Ley de Responsabilidad Fiscal depende hoy de la decisión política que tome Néstor Kirchner, ya que la norma todavía genera resistencias en el Congreso y entre los gobernadores. El Presidente tendrá que revisar el texto que consensuaron los senadores a fin de garantizar el tratamiento en el recinto para pasado mañana. Con la ayuda de Roberto Lavagna, el Ejecutivo resolverá en las próximas horas si acepta o no las modificaciones que se acordaron en comisión. Si las rechaza, sólo la presión de la Casa Rosada sobre los gobernadores podrá conseguir los votos en el Senado que el oficialismo hoy no tiene.
Los senadores del PJ están convencidos de que la suerte de la Ley de Responsabilidad Fiscal quedó en manos del gobierno. Néstor Kirchner tendrá que revisar con Roberto Lavagna el dictamen que trabajosamente acordó Jorge Capitanich con peronistas y provinciales, a fin de cumplir con la exigencia gubernamental de habilitar el tratamiento en el recinto para pasado mañana. Capitanich no pudo consultar la redacción con el ministro de Economía porque éste estuvo de viaje, pero hizo todos los esfuerzos posibles para emitir despacho de comisión y garantizar la fecha de debate, desde el punto de vista reglamentario.
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El presidente de la Nación tiene la última palabra: aun cuando adelantó que quiere que se apruebe el texto tal cual lo envió el Ejecutivo, puede que, tras la revisión de las modificaciones que se incorporaron en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, acepte algunos retoques imprescindibles para conseguir votos suficientes en el recinto. Después de todo, hay una expectativa del Fondo Monetario respecto de la sanción de la ley y no sobra tiempo.
Si la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda insisten en la propuesta original, no les quedará otra salida que ejercer una fuerte presión sobre la bancada que comanda Miguel Angel Pichetto y, antes que nada, hacer lo propio con los gobernadores. Muchos mandatarios provinciales sostienen que no conocían de antemano la iniciativa que iba a remitir el PEN al Congreso, razón por la cual hicieron conocer sus reparos a través de sus respectivos legisladores una vez que se anoticiaron del contenido. La falta de consulta, por supuesto, es motivo de malestar hacia la administración central, aunque se manifiesta con sordina. Salvo el riojano Angel Maza, quien, al igual que los radicales, pataleó porque no se trate esta propuesta junto con la Ley de Coparticipación Federal de impuestos.
El gobierno de Kirchner, a todo esto, ha optado hasta ahora por manejarse de manera autónoma sin formular consultas al interior. Eso explica por qué razón encontró tanta resistencia Responsabilidad Fiscal en una cámara habitualmente permeable a las demandas del Presidente como la de Senadores. Por supuesto, el problema se agranda en medio del recrudecimiento en el Parlamento de la pelea Kirchner-Duhalde.
La mayoría de las provincias objetó, por ejemplo, que en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal hubiera una clara supremacíade Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba y Santa Fe, así como que el Estado nacional conservara el poder de veto. Esto se modificó, lo mismo que se incluyó un período de adaptación para que los distritos del interior puedan alcanzar la estabilidad que exige la norma.
Hoy, Capitanich mantendrá contactos con Pichetto y Economía con el propósito de coordinar los pormenores del proyecto. El bloque oficialista consiguió, la semana pasada, firmas suficientes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, gracias a la flexibilización de cláusulas. Así se consiguieron adhesiones en disidencia, por caso las de los peronistas Marcelo López Arias y Guillermo Jenefes, más los provinciales Ricardo Bussi (Fuerza Republicana-Tucumán) y el neuquino Pedro Salvatori (MPN).
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