De la docena de borradores de reforma previsional que en los últimos meses llegaron a manos de Néstor Kirchner la mayoría contemplaba la eliminación del régimen de capitalización. Apuntaban a fortalecer el de reparto y dejar la jubilación privada como una opción voluntaria y adicional a la estatal obligatoria. Ese era el espíritu de la reforma que pergeñaron los equipos técnicos del gobierno.
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Pero, quizás, cuando el Presidente visualizó que la iniciativa oficial dejaría sin empleo a cerca de 11.000 trabajadores (una dotación similar a la ocupada, por ejemplo, en industrias como la del calzado) revaluó la decisión. Además, habrá contemplado que hay una serie de negocios vinculados a las AFJP como los seguros previsionales que también afectarían otros miles de puestos de trabajo. Frente a todo esto y a las más de 1.000 sucursales hoy operativas el gobierno habría decidido dar marcha atrás con la intención original.
Así los últimos borradores se concentraron en autorizar la vuelta de los afiliados de las AFJP al Estado; mejorar la jubilación estatal y el nivel de cobertura del sistema; bajar las comisiones de las AFJP; y garantizando un porcentaje de las inversiones hacia obras de infraestructura y proyectos productivos. Pero ello no implicó que abandonaran totalmente el espíritu original, por lo cual se decidió que los trabajadores indecisos -aquellos que al ingresar al mercado laboral no manifestaron en 90 días su opción previsional son distribuidos entre las AFJP-serían asignados automáticamente al régimen estatal. Según reza un documento oficial: «La decisión de asignar los afiliados indecisos a un determinado régimen sin permitir su posterior traspaso es crucial para la evolución de los mismos. La asignación al régimen de reparto generaría un superávit de gran magnitud sujeto a las obligaciones contraídas. Por el lado del sistema de capitalización, la industria experimentaría una reducción tan importante del fondo administrado que haría menos atractivo el negocio». O sea, que se optó por una agonía lenta de la jubilación privada.
Seguros
En cuanto al impacto, en términos de empleo, del cambio en la financiación del costo del seguro de vida e invalidez que contratan las AFJP para los afiliados (hoy ronda 1,4% del salario) sería insignificante ya que se estima que cada aseguradora emplea en promedio 5 trabajadores, que fácilmente serían reubicables dentro de los grupos previsionales.
Otra modificación relevantedel proyecto enviado al Congreso es que los hombres mayores de 55 años y las mujeres de 50 años, es decir 10 años antes de la edad de retiro, y con un capital ahorrado en la AFJP inferior a $ 20.000 pasarían al régimen estatal junto con sus ahorros. La lógica de la medida radica en que estas personas apenas comprarían hoy una renta equivalente a $ 115 (la mitad de la PBU máxima), sustancialmente inferior a la jubilación mínima estatal (hoy $ 530). Sólo permitirían que estas personas se queden en las AFJP si lo manifiestan explícitamente porque piensan realizar aportes voluntarios para mejorar su beneficio.
Si entra en vigor la nueva ley en 2008 habrá 88.290 hombres de 55 años (sobre un total de 107.784) afiliados a una AFJP con un capital ahorrado inferior a $ 20.000. En el caso de las mujeres suman 50.643 (de 59.028). Estimaciones oficiales dan cuenta que el grupo de varones de entre 55 y 65 años, y de mujeres entre 50 y 65 años, con menos de $ 20.000, o sea aquellos que serían traspasados al Estado, alcanzan a 1.228.788 (85% del total). Los fondos de estos afiliados hoy superan los $ 6.000 millones. Con esta minirreforma el gobierno de Kirchner fortalece la caja. Pero a diferencia de la reforma del 94 ahora se privilegia el corto plazo. Esto es, pan para hoy y Dios sabe qué en el futuro.
El gobierno debería tener claro que los fondos que van a traspasar las AFJP de estos afiliados cercanos a la edad de jubilarse, pertenecen a la seguridad social, no son parte del Tesoro y menos del Presupuesto-.
Y deberían invertirse muy bien para afrontar los compromisos futuros con estos trabajadores.
Los desmanes fiscales de los gobiernos de los últimos cuarenta años fueron los que hicieron implosionar al sistema de seguridad social, hallanando el camino de la jubilación privada. Por eso Kirchner debería mantener su apasionamiento por los superávits, también en el caso de la seguridad social.
Porque puede ser que la próxima administración -según parece también kirchnerista-se aferre a la estrategia de tener superávit fiscal, pero ¿quién garantiza que los próximos gobiernos serán cautos con los ahorros previsionales de todos aquellos que serán traspasados por la nueva reforma, voluntaria o involuntariamente, al régimen estatal?
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