Las demandas salariales que se comenzaron a desatar desde distintos sectores del gremialismo abrieron ayer la primera crisis dentro del gabinete nacional en relación con la estrategia que se fijó el gobierno frente a la CGT. Alberto Fernández le reclamó a Carlos Tomada por el descontrol que comienza a reinar en las exigencias. Pero el ministro de Trabajo reaccionó mal: «Son ustedes, en la Casa Rosada, los que les dieron cuerda a los que ahora generan los problemas», dicen que le contestó al jefe de Gabinete. Hay que recordar que Néstor Kirchner ha llevado adelante su relación con Hugo Moyano con independencia del jefe de la cartera laboral. «Que lo llamen a Recalde», ha de mascullar Tomada en estas horas. (Héctor Recalde es el abogado sindical que le viene serruchando el piso desde hace tres años, alentado por Moyano.) Los destratos, a la larga, también deciden.
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El panorama que desata estas tensiones en el interior del gobierno se está complicando día a día. El caso más notorio es el del propio Moyano. Su hijo Pablo anunció ayer que para la semana próxima podría proponer un paro general del transporte de cargas. Su padre insiste en que no puede contenerlo por problemas familiares, como se describió en este diario el viernes pasado. Una pena que no le avisara a Kirchner este malentendido doméstico cuando, a cuenta de la «paz social», se quedó con la Subsecretaría de Trabajo, una escandalosa exención tributaria para las empresas que contraten con su gremio, la «caja» de las obras sociales que administra su abogado Juan Rinaldi, subsidios generosos para las empresas de camiones y la presidencia de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados para su otro abogado Recalde, entre otras prerrogativas. Kirchner, que se ufana de haber negociado como un mago cuando tenía enfrente al sistema financiero internacional, deberá demostrar en las próximas horas que no fue engañado como un niño por alguien que, como él, luce insaciable: el papá de Pablo Moyano.
Pero no hay que adjudicar todo el problema salarial a estos choferes de camiones, aunque por el control que ejercen sobre la CGT su convenio pase a ser una especie de parámetro para todo el universo sindical. Ayer, el jefe de Gabinete, Fernández, pidió también moderación a los bancarios de Juan Zanola, un sindicalista experto a cuya asociación concurrió nada menos que Cristina Kirchner para promover su candidatura durante la campaña electoral del año pasado. Zanola adujo lo mismo que Moyano con su hijo pero, en su caso, fue más elegante: habló de los secretarios generales. «No los controlo, ¿cómo hago para contener las demandas con los sueldos atrasados?». El bancario estuvo a punto de citar el ejemplo más llamativo de todos los que ilustran hoy cierto descontrol de la política oficial respecto del sindicalismo: el de Ricardo Cirielli. Jefe del sindicato de técnicos de Aerolíneas Argentinas, este gremialista es a la vez el subsecretario de Transporte Aerocomercial del gobierno. Reclama 70% de aumento de salarios. Bastante más que los pilotos, que piden 45% para sueldos que rondan en algunos casos los $ 12.000. «Si Cirielli, que fue designado por Kirchner, pide 45%, ¿ cuánto debemos pedir aquellos a quienes el gobierno ni siquiera nos atiende el teléfono?», preguntó un capitoste sindical de los que se mantienen, a tres años de la llegada de los santacruceños al poder, con «la ñata contra el vidrio». El caso de este aeronáutico merece un récord del absurdo: el propio gobierno, a través de la Oficina Anticorrupción que controla el jefe de Gabinete, Fernández, le impidió intervenir en expedientes relacionados con Aerolíneas, es decir, en temas en los que esté afectada la empresa que controla 90% del mercado de cabotaje.
Kirchner le indicó a Tomada, hace más de un mes, que no homologue acuerdos salariales que superen 15%. Fue antes de que el propio Presidente autorice una suba de 30% para los empleados públicos santacruceños. Y todavía los encargados de edificio, columna vertebral del aparato político puesto a las órdenes de Alberto Fernández en la Capital Federal, no habían insinuado una demanda de 40%, tal vez aprovechando la ausencia de Roberto Lavagna, quien antes de irse los había señalado como un factor de inestabilidad de precios. Ahora Lavagna, de quien heredó la inflación sin que se note, le da consejos desde Minas Gerais: «Hay que tener firmeza política».
Mientras se tramitan estos forcejeos, Moyano padre debe hacer frente al Comité Central Confederal que él mismo citó para el próximo jueves. Ayer, desde el Ministerio de Trabajo, le sugirieron que no lo realizara. Para pasar airoso a esa congregación de los secretarios generales de todos los gremios, el camionero viene pidiendo la convocatoria al Consejo del Salario Vital, Mínimo y Móvil. Pero desde la Casa Rosada todavía no le dieron respuesta. Tal vez sea negativa.
Se afilan cuchillos en aquellos sindicatos desairados, en los que se cree que Moyano hizo un acuerdo con Kirchner que sólo sirvió a sus propios intereses. Un ejemplo: Luis Barrionuevo convocó para hoy en la Unión de Trabajadores Gastronómicos a las organizaciones que le responden. Quieren evaluar la gestión del camionero y se preparan para exigirle que encabece un plan de lucha contra la Casa Rosada. Los gastronómicos creen encontrar razones objetivas para eso. Pero también hay de las otras: al parecer, Moyano no cumplió algunos acuerdos que había garantizado para el peronismo de Catamarca. Sea como fuere, tanto desde el sector que encabeza Barrionuevo como desde el de los «gordos» (Lescano, Cavalieri, West Ocampo, Pedraza) amenazan con vaciar el Confederal que debe presidir el camionero. De nuevo Gerardo Martínez ( Construcción) y Andrés Rodríguez (empleados públicos) serán el fiel de la balanza. Para colmo, José Luis Lingieri está tratando de asentar a Carlos Ben, su hombre en Aguas y Saneamiento Argentinos SA. Kirchner le cedió a este sindicalista el manejo de esta compañía, que resultó de la estatización de Aguas Argentinas. Por lo tanto, Lingieri no puede ya demandar nada ante el gobierno: debe administrar el agua y, sobre todo, el cloro.
Kirchner ha demostrado hasta ahora controlar los precios más indómitos. Impuso su voluntad ante las privatizadas, sobre todo aquellas que proveen servicios domiciliarios. Después maniató a los empresarios que determinan el índice de inflación, desde los supermercados hasta los ganaderos. Era imposible suponer que encontraría su mayor dificultad en el campo que más conoce, el de los sindicalistas, allí donde el precio a contener es el salario. Justo él, que convivió con uno de ellos, su cuñado Armando «Bombón» Mercado, durante años. Y que se casó con una chica platense, Cristina, gracias a quien consiguió su primer empleo: un conchabo de estudiante, en el gremio de los trabajadores del Ministerio de Economía bonaerense, donde trabajaba doña Ofelia, quien antes de ser conocida como suegra, alcanzó alguna fama como dirigente sindical. No de «las gordas», claro.
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