A lo largo de su historia, el gobierno argentino ha recurrido con frecuencia a la expropiación de capitales de sus acreedores y ciudadanos. Este mes, en un movimiento ostensible para proteger los ahorros de los trabajadores frente a la crisis financiera mundial, el gobierno de Cristian Fernández de Kirchner ha propuesto hacerlo de nuevo mediante la estatización de los fondos privados de pensión.
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Si la propuesta se convierte en ley, la toma de posesión del manejo de los activos previsionales de 9.500.000 habitantes podría alivianar los problemas de pago de la deuda que tiene el gobierno argentino. Podría también permitir la implementación de medidas coyunturales para compensar la caída de la economía mundial.
Pero la medida es una triste admisión de una falla gubernamental. A pesar del reciente boom en los precios de las commodities, Argentina no reservó fondos durante los años de vacas gordas y prepararse para los años de vacas flacas. Aún más, es probable que los costos de las decisiones de largo plazo sean altos.
En Estados Unidos y Europa, los gobiernos han utilizado la intervención estatal como una justificación retórica. Pero esos eran gobiernos rescatando al sector privado financiero. Sólo en Argentina el sector privado ha sido forzado a rescatar al gobierno.
Los fondos, que alcanzan un monto de $26.000.000.000 o el equivalente al 10% del producto bruto interno, fueron criticados con frecuencia en relación a excesivas comisiones y mala administración. Pero estos fondos tuvieron un rol que fue creciendo paulatinamente dentro de la formación de capital, y su estatización dañará aún más la inversión privada en un país que ya se encuentra profundamente privado de la misma.
Los fondos de pensión son accionistas y fuentes importantes de capital a largo plazo para las empresas privadas, y facilitan el crédito al consumidor- Los mercados locales de capital, cuyo subdesarrollo por largo tiempo ha llevado a los argentinos y sus gobiernos a manos de acreedores extranjeros, perderán a sus inversores más importantes. El registro estatal no da muchas esperanzas de que la inversión pública sea un reemplazante eficaz.
La confianza en Argentina, que ronda niveles subterráneos, está destinada a mermar aún más.Los argentinos, quienes 20 años atrás de despertaron y encontraron que sus depósitos bancarios se habían convertido en bonos públicos a 10 años, ya se preguntan qué expropiará después el gobierno. Esto generará una pérdida de confianza adicional en la inviolabilidad de los contratos y aumentará las preocupaciones respecto al ejercicio arbitrario del poder gubernamental.
Los gobiernos de países con economías emergentes enfrentan ahora una grave recesión económica, pero al menos tienen pequeño consuelo de saber que la crisis fue gestada en otro lado. Con esta decisión, Argentina se ha puesto aún en un aprieto más grande.
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