LAFSA sigue lejos de ser privatizada

La posible privatización de la controvertida empresa aérea LAFSA (Líneas Aéreas Federales) podría no producirse nunca, lo que causaría que las arcas del Estado deban seguir sufragando «sine die» unos $ 60 millones anuales en salarios de personal que no cumple tareas. El dato surge de las propias condiciones autoimpuestas por el gobierno para proceder a dicha privatización, dado que hay un plazo para entregarla a inversores privados de seis meses a partir de su primer vuelo; sin embargo, esa circunstancia inicial aún no se ha producido, dado que todos los «vuelos» de LAFSA siguen haciéndose -como el primer día- bajo el código de Southern Winds (SW), beneficiaria de la «tercerización» de la empresa creada para evitar el desempleo de los trabajadores de las ex LAPA y Dinar.

El dato vale porque, hace algunas semanas, circuló el rumor de que aún faltarían seis meses para privatizar LAFSA. Sin embargo, en diálogo con este diario, el diputado Abel Basteiro, líder de APA (Asociación del Personal Aeronáutico), uno de los sindicatos que actúan en el mercado aerocomercial, dijo estar «en contra de esa privatización: creo que hay alternativas a considerar». En este sentido, el sindicalista devenido legislador admitió como «muy poco probable» que la venta de la aerolínea (que sólo tiene personal y rutas asignadas, pero no flota) se produzca antes de mediados del año próximo. «Si LAFSA comenzara a volar, digamos, en setiembre, los 180 días se cumplirían en marzo o abril, pero en el medio está la temporada alta; es complicado...»

Según fuentes del mercado, el propio gobierno estaría dividido en esta cuestión: el ministro Julio De Vido y el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, querrían al menos fijar una fecha tentativa para traspasar LAFSA; sin embargo, habría otros sectores dentro de esa misma cartera (puntualmente en la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial) que verían con buenos ojos conservarla como bien estatal.

De todos modos, esa posible venta hoy no pasa de una hipótesis de difícil concreción: los chilenos de LAN, prácticamente los únicos interesados que aparecieron en el horizonte, se habrían «bajado» de la operación. Una de las razones es que habrían querido quedarse también con SW, pero la familia Maggio -dueña de esa compañía- no estaría dispuesta a ceder la mayoría accionaria en la línea que fundaron. Basteiro tampoco quiere a los chilenos como dueños de LAFSA: «Tienen una política comercial depredatoria; lo hicieron en Perú, en Ecuador, en República Dominicana... Claramente sus intereses se contraponen a los de una empresa aérea nacional: se van a llevar los talleres, el call-center, los sistemas de reservas a Chile, lo que va a provocar pérdidas de puestos de trabajo».

Mientras tanto, el Estado sigue pagando el salario a unos 800 ex empleados de LAPA y Dinar que dejaron de volar, que totalizan unos $ 60 millones anuales.