Las previsiones que sorprenden

La pesificación asimétrica, más el antimilagro de la transformación de los dólares en pesos, y la postergación previsible del CER, hasta fin de año, exigen contabilizar los recursos necesarios para compensar a los damnificados, expropiados ilegalmente, (artículo 17 de la Constitución). Las normas contables lo requieren y cualquier hacienda está obligada a hacerlo, porque tarde o temprano la Justicia lo exigirá.

La pesificación asimétrica consiste en la transformación de las deudas, que estaban contratadas en dólares, a pesos, a la cotización de 1 peso por dólar. Mientras tanto, a los depositantes se le reconocieron $ 1,40 por dólar. El costo de esta resolución es de unos $ 16.000 millones y tendría que incorporarse al presupuesto sin más trámite.

Pero la expropiación ha sido más amplia. A los depositantes se les acredita el CER, mientras los acreedores no lo pueden aplicar aún. Solamente computando los créditos bancarios a los privados y estimando una corrección de 65%, a fin de año, agregaríamos $ 34.500 millones a la cuenta. Ese monto a la fecha suma ya unos $ 20.400 millones.

Por otra parte, los depositantes están siendo reconocidos, por los jueces, en su derecho de cobrar los dólares entregados. En algún momento, la Justicia ratificará ese derecho a todos los inversores. Al tipo de cambio actual de $ 3,50 pesos por dólar, en vez del $ 1,40 reconocido, la diferencia alcanzaría a $ 56.000 millones. A una cotización de $ 4,50, tendríamos que previsionar $ 72.000 millones.

Con este ejercicio hemos descubierto que las estimaciones presupuestarias adolecen de grandes defectos que suman unos $ 92.000 millones, a la fecha (los 16.000 de la pesificación más 20.000 de la ausencia de aplicación del CER, más los 56.000 por el reconocimiento de los dólares depositados). Pero si se prevé la continuación del alza de precios y cotización de la divisa, la suma tocaría los $ 122.000 millones ¡Una cifra que ex-cede a los gastos totales previstos para todo el año! Pero estos dislates no terminan ahí. Las empresas de servicios públicos privatizados sufren de tarifas congeladas en pesos y deudas en dólares. Sus pérdidas serán reclamadas a nuestro subadministrado e intransparente Estado.

Por otro lado, el grupo de empresas privadas tenía deudas contraídas por unos 52.000 millones de dólares y la devaluación, en esta coyuntura, les quitó gran parte de su patrimonio. También están los acreedores no bancarios, por una suma que no he podido estimar. Encima de todos estos despojos, los depositantes en pesos que, bajo la ley de Convertibilidad, equivalían a un dólar, han sido también defraudados, como buena parte de la gente que trabaja y negocia en la Argentina.

• Reparación

Estas cifras deben ser incorporadas a cualquier programa de gobierno. La forma más certera de salir de nuestra empobrecida situación es reparando los daños causados. Como consecuencia de estas decisiones, los patrimonios de muchas empresas y particulares han quedado desarticulados.

Sin depositantes ni deudores solventes no habrá bancos por muchas décadas. Sin empresas no se abrirán los puestos de trabajo y sin individuos pudientes la demanda no sostendrá el nivel de vida a que aspiran los argentinos. El camino es reconstruir, cuidadosamente, los patrimonios expropiados. Establecer convenios de pagos cumplibles para rehacer la riqueza de la comunidad. Un sistema de bonos pagaderos en dólares, para los depositantes y acreedores particulares, y cláusulas de ajuste de precios, para los deudores, pueden combinarse para restablecer contablemente los patrimonios. Con el requisito de que las cuentas cierren, que quede claro para quien sufraga que, es factible acordar combinaciones de activos y pasivos con cláusulas de ajuste, o unidades de cuenta, diferentes que, en el largo plazo, una vez que los equilibrios macroeconómicos se restablezcan, dejen a los distintos individuos en una situación similar a la anterior a la devaluación. En la medida que el Estado logre hacer creíbles esos pagos, los deudores tendrán medios para hacer verosímiles sus obligaciones y el aparato productivo comenzaría a funcionar. La mayor actividad, a su turno, daría más ingresos al fisco, para hacer más apetecible sus obligaciones. Por este camino, todos podrían ir reconstituyendo sus patrimonios. Para llegar a ese punto, además del esquema esbozado, tenemos que acertar en las demás políticas. Pero sin un proyecto como el propuesto no saldremos rápidamente de nuestra pobre coyuntura. Mi trabajo actual sobre las causas de la pobreza me permite afirmar que la riqueza la crean todos los integrantes de una sociedad. El camino está abierto y se bifurca. Podemos optar para, entre todos, generar prosperidad, estudiando nuestras falencias, para superarlas. O inclinarnos por la miseria y contentarnos con señalar supuestos culpables, como los habitantes de Salem tras sus brujas. No es el pasado, el que nos dará prosperidad sino nuestras conductas futuras.

La gente tiene comportamientos llamativos, como el de aquel que, viendo que un hombre se caía de un edificio elevado, le preguntó cómo iba. Y el otro le respondió: por ahora bien. Mien-tras tanto, algunos celebran la calma que precede al tornado. En estos momentos, los desequilibrios macroeconómicos provocados son financiados con expropiaciones ilegales e insostenibles, con el desempleo creciente, la delincuencia agravada, la liquidación de inventarios, la resignación de los acreedores y la paciencia de la población. Pero un día los cobayos dicen basta.