La ley de reestructuración de la conducción de la Unidad de Información Financiera (UIF), aprobada por el Congreso el pasado 12 de julio, comenzó a regir a partir de ayer.
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El organismo, que depende del Ministerio de Justicia, fue creado en 2002 y tiene bajo su órbita la recopilación de informes de los casos sospechados de lavado de dinero.
Según se publicó en el Boletín Oficial, la nueva ley permite que el presidente del organismo pueda tomar decisiones sin depender necesariamente de su plenario.
Además, el futuro titular de la UIF será designado por el Poder Ejecutivo Nacional, bajo la propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con un procedimiento similar al usado para los integrantes de la Corte Suprema, y no por concurso público de aspirantes, como era anteriormente.
A su vez, el organismo contará con un Consejo Asesor integrado por representantes del Banco Central, la AFIP, la Comisión Nacional de Valores, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico, el Ministerio de Economía, de Justicia y de Interior. Los integrantes del consejo serán designados por el gobierno, pero serán propuestos por los titulares de cada uno de los organismos que representan.
Entre otros puntos, la ley establece que el presidente de la UIF tendrá el poder de levantar el secreto bancario de cualquier cuenta, tanto de empresas como de personas físicas.
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