La ley aprobada por el Congreso para contener el «goteo» de dólares del «corralito» financiero recibió mediano respaldo de abogados y especialistas que interpretaron como constitucional la norma, aunque consideraron que ésta podría generar alguna polémica en casos especiales.
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La nueva ley bloquea los amparos impidiendo el retiro inmediato de los plazos fijos reprogramados y alarga los plazos para que los ahorristas se hagan de los fondos con una modificación al Código de Procedimientos. Así se establece que sólo se entregará el dinero a los ahorristas cuando haya un fallo firme en la causa.
Una de las dudas que genera está relacionada con la cuestión de competencia de los fueros. Está previsto que todos los procesos se tramiten ante la Justicia Federal, lo cual genera dudas sobre el accionar de la Justicia del fuero nacional.
Otro de los puntos atacados por los letrados tiene que ver con la retroactividad de la «ley antigoteo». Se recordó que uno de los artículos impide a los ahorristas hacerse de los fondos de sus depósitos cuando la medida cautelar otorgada aún no fue ejecutada. En tal sentido, se afirma que en este aspecto la norma sancionada sería anticonstitucional ya que no podría ir en contra de una resolución judicial dictada.
Para el Colegio de Abogados de Buenos Aires, la ley «es claramente inconstitucional» porque «desconoce» la naturaleza jurídica de las medidas precautorias, «porque es de aplicación retroactiva y porque burla la potestad de las provincias de ejercer sus derechos reservados en materia procesal».
También sostienen que la llamada «ley tapón» pretende atribuir responsabilidades de la situación económica en los jueces y abogados que «cumplen con su deber de hacer justicia», cuando en realidad «la verdadera responsabilidad es de los gobiernos incapaces de resolver por las vías constitucionales los enormes problemas que sufre el país».
El abogado Osvaldo Albano opinó que «en principio, la norma es constitucional, pero podría ocurrir que su aplicación en otros casos resulte inconstitucional».
• Peligrosa
Señaló que en el hipotético caso de la quiebra de un banco, «la ley que prohíbe ejecutar una medida cautelar dictada sobre sumas que posee un banco listo para quebrar debería ejecutarse, pero si la ley lo impide, sería inconstitucional en su aplicación para ese caso».
También señaló que en todos los casos de fuerza mayor, podría tornarse inconstitucional la aplicación de esta norma «porque el derecho que se quiere materializar cuando termine el amparo se tornaría ilusorio al final si antes no se tiene resguardado el dinero».
También el constitucionalista Luis Lozano dio su punto de vista sobre la nueva ley. El letrado consideró que su sanción apunta a «darles tiempo a los bancos para el levantamiento del 'corralito'».
En ese sentido, sostuvo que podría tornarse «peligrosa» y sería una «burla a los derechos de los ahorristas a defender sus derechos en la Justicia». Lozano, abogado del ministro de la Corte Enrique Petracchi, advirtió que con la ley se pretende dilatar las decisiones judiciales, ya que el fallo del juez de primera instancia no irá directamente a la Corte como ocurría hasta ahora, sino que deberá pasar por la Cámara.
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