Con media sanción en Diputados, la iniciativa del Gobierno redefine los criterios de fiscalización y genera expectativas sobre el uso de los "dólares del colchón".
El proyecto de ley de Inocencia Fiscal, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados la semana pasada como parte del paquete de reformas tributarias del Gobierno, propone una redefinición profunda de la relación entre el fisco y los contribuyentes, con impactos clave en el blanqueo de los "dólares del colchón", el Impuesto a las Ganancias, pago de multas y moratorias por deudas impositivas, entre otros puntos.
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Presentado por el oficialismo como una herramienta para reducir la conflictividad fiscal y fomentar la formalización de ahorros informales, el proyecto no incluye formalmente un régimen de blanqueo de capitales sino que modifica varias reglas tributarias y penales para limitar la persecución del fisco en casos de evasión de menor cuantía.
Una de las modificaciones centrales es la actualización de los umbrales que determinan cuándo una falta tributaria pasa de ser administrativa a penal. Por ejemplo, el piso para considerar evasión simple subiría desde montos muy bajos fijados en 2017 a niveles significativamente mayores, con cifras como $100 millones para evasión simple y $1.000 millones para la calificada.
El proyecto también actualiza las multas, amplía los plazos de prescripción en ciertos casos y reduce los plazos de prescripción para contribuyentes cumplidores, lo que, según sus impulsores, ofrecería mayor predictibilidad en la relación con la administración tributaria.
Una de las secciones más discutidas es la creación de un régimen voluntario de declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas cuyos ingresos y patrimonio no superen ciertos límites. En ese esquema, la autoridad fiscal confecciona la declaración en base a datos disponibles, y si el contribuyente paga en término, queda liberado de otras obligaciones formales salvo errores graves detectados posteriormente.
Aunque en el debate público el proyecto se asocia con una vía para incentivar que los argentinos “saquen los dólares del colchón” y los integren al circuito formal, los especialistas aclaran que no hay un régimen específico de blanqueo ni disposición que obligue o garantice condonaciones automáticas.
El supuesto efecto sobre los fondos no declarados es indirecto: al limitar el uso de indicios patrimoniales no justificados como disparadores automáticos de inspecciones y actualizar los criterios fiscales, el proyecto intenta reducir el riesgo percibido por ahorristas informales al momento de usar sus activos en la economía formal.
Tras su paso por Diputados, el texto quedó a la espera de tratamiento en el Senado, con el oficialismo impulsando su aprobación antes de fin de año junto con el Presupuesto 2026. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, señaló que lograr el dictamen y la media sanción requerirá tiempo y consensos en comisiones antes de llegar al recinto para su sanción definitiva.
La iniciativa genera debate entre economistas, tributaristas y sectores productivos: algunos destacan que moderniza criterios de fiscalización y puede reducir litigiosidad; otros advierten que, sin cambios institucionales más amplios en la administración tributaria, sus efectos reales sobre la formalización de activos informales podrían ser limitados.
Principio de Inocencia Fiscal: El proyecto plantea que los contribuyentes sean considerados cumplidores salvo prueba en contrario, de modo que la AFIP no pueda presumir automáticamente intención de evasión sin evidencia concreta.
Actualización del régimen penal tributario: Se suben los montos mínimos a partir de los cuales una infracción fiscal pasa de administrativa a penal, ajustándolos por la inflación acumulada desde 2017.
Posibilidad de evitar denuncia penal: Quien liquida su deuda y los intereses antes de que la AFIP inicie una denuncia puede evitar la vía penal, aunque este beneficio solo se puede usar una vez por contribuyente.
Extinción de acción penal y prescripción: Si prescriben las facultades del fisco para determinar o exigir un tributo, se extingue también la acción penal relacionada, limitando la persecución del Estado en ciertos casos.
Figuras penales definidas: El proyecto mantiene penas de prisión (por ejemplo, de dos a seis años) para fraudes como simulación de cancelación de obligaciones mediante comprobantes falsos o declaraciones engañosas.
Ajuste anual de montos y transparencia: Desde 2027, todos los montos del régimen penal y del simplificado se actualizarán cada año según la variación de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) y se publicarán para evitar distorsiones.
Cambios en plazos de prescripción: Se modifican los plazos de prescripción general, reduciendo el plazo para contribuyentes cumplidores y eliminando la suspensión automática de la prescripción al iniciar una fiscalización.
Reducción de multas para pymes y personas humanas: El proyecto introduce reducciones de hasta el 90% en multas administrativas para personas humanas y pequeñas y medianas empresas en determinados casos.
Declaración jurada simplificada de Ganancias: Se crea un régimen opcional para personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos y patrimonio dentro de ciertos límites, donde la AFIP confecciona la declaración y el contribuyente cumple con menos requisitos formales.
Impacto indirecto sobre los “dólares del colchón”: Aunque el proyecto no crea un blanqueo de capitales ni cambia la estructura de Ganancias, reduce el riesgo de inspecciones por incrementos patrimoniales no justificados y facilita la formalización de activos no declarados.
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