Reforma tributaria: a la "Inocencia Fiscal", el Gobierno agregó bajas contributivas y simplificación de Ganancias

Las propuestas se incluirían dentro de proyectos más ambiciosos en las extraordinarias. Nación apunta contra provincias y municipios, que reaccionan con ambivalencia en sus distritos.

El Consejo de Mayo terminó de oficializar la presentación de la reforma impositiva.

Se ven los primeros pasos de la nueva etapa del Gobierno nacional. Después de un período para robustecer su legitimidad y su capacidad de acción, que incluyó negociaciones con aliados extranjeros y provinciales, el Consejo de Mayo oficializó algunas de las propuestas que se tratarán en el Congreso en las sesiones extraordinarias. Entre ellas, reveló una de las iniciativas sobre la que recaían mayores dudas: la reforma tributaria.

Formulada por el Ministerio de Economía, el principal componente del cambio de Régimen Penal Tributario -cuyo nombre oficialista es “Ley de Presunción de Inocencia Fiscal”- implica actualizar los montos que se precisan declarar para evitar ser considerados delitos de evasión tributaria, llevando el piso de $1,5 millones a $100 millones. La estimación extraoficial sostiene que los argentinos tienen unos u$s243.000 millones fuera del circuito legal, por lo que la medida estimularía a que una parte de esa cifra se blanquee sin tener que dar explicaciones de su origen.

Este proyecto formaría parte del debate del Presupuesto 2026, cuyo contenido aún no se conoce aunque se sabe que iniciará en Diputados y de la pretensión de Casa Rosada de aprobarlo antes del 31 de diciembre. En simultáneo, iniciaría su tratamiento en el Senado la iniciativa de reforma laboral, que tendría un paquete de reducción de cargas contributivas para empleadores de trabajo registrado. En este caso, el objetivo libertario es -al menos- alcanzar una media sanción en la ventana de diciembre, para conseguir la ley en la segunda etapa de extraordinarias, que iniciará en febrero del próximo año.

En octubre, Juan Pazo -titular de ARCA- defendió el proyecto de "Inocencia Fiscal".

Diputados

El "Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral” establece condiciones para determinar la reducción a la mitad (de 10 a 5 años) del período en que prescriben las deudas por aportes previsionales, de seguros y de obras sociales. En este último caso, legisla sobre el artículo 24 de la Ley N°23.660 que el mismo Javier Milei, a través del icónico DNU 70/2023, modificó a diez días de su asunción. A esto se sumaría la institucionalización del sistema simplificado de declaración del Impuesto a las Ganancias.

En la conferencia de prensa de presentación del proyecto, Manuel Adorni prometió además medidas que no se materializan en el proyecto, como la reducción de cargas laborales por dos años, exención de IVA al uso de energía eléctrica en el sector agroindustrial, un “régimen de incentivos para medianas inversiones" y baja de impuestos internos a productos “electrónicos, autos, aeronaves, embarcaciones, telefonía celular, servicios audiovisuales, cine y alquileres destinados a viviendas". "Se eliminan los impuestos cedulares a renta financiera y enajenación de inmuebles", añadió el jefe de Gabinete.

Lo cierto es que el alcance de la propuesta y la definición de la estrategia de La Libertad Avanza para su aprobación se terminó de delimitar en dos reuniones del martes: una por la mañana en Casa Rosada y otra por la tarde entre los diputados. Desde la oposición peronista aseguraron para este medio avanzar en el análisis contrarreloj de la iniciativa, para determinar su postura y una eventual contrapropuesta en un encuentro que tendrá la bancada el mediodía del miércoles. En Provincias Unidas e Innovación Federal advierten la necesidad de que se incluyan reformas impositivas solicitadas por los gobernadores: reducción -o redistribución- del impuesto a los Combustibles y baja del IVA aportado por las gestiones municipales.

Nación retoma confrontación fiscal contra provincias y municipios

El anuncio del paquete de medidas impositivas ocurrió horas después de que Luis Caputo presente una reducción de las alícuotas a las retenciones agrícolas, proyectado una baja paulatina -aunque no planteada legislativamente, sino por la interpretación fiscal que hace el Ejecutivo- hasta llegar a su eliminación definitiva. La medida, que fue acompañada por la promesa oficialista de la supresión del impuesto al cheque, ocurre un día después de que el ministro critique una gestión municipal por el aumento de tasas y haga un concreto llamado: “Compren en otro lado”.

Diputados La Libertad Avanza participaron de una reunión de estrategia parlamentaria encabezada por el ministro Federico Sturzenegger.

La baja de retenciones y la reducción de cargas laborales sí provocó una primera reacción opositora, al menos en el plano de redes sociales. “Implican, en conjunto, un costo fiscal aproximado de u$s4.031 millones [...] Para tomar dimensión: el presupuesto 2026 del Ministerio de Salud asciende a $3.101.450 millones, que al tipo de cambio mayorista actual ($1.451,5) equivale a u$s2.136,7 millones. Es decir, solo este costo fiscal es prácticamente el doble del presupuesto anual del Ministerio de Salud de la Nación”, analizó Julia Strada, una de las referencias económicas de Fuerza Patria en la Cámara de Diputados.

En consonancia, un informe del 30 de noviembre del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) evidenció que “la capacidad efectiva de gasto público provincial cayó un 9,8% entre los años 2010 y 2024. Veinte jurisdicciones aumentaron su grado de correspondencia fiscal, básicamente como consecuencia de la significativa caída de las TNA”. Como consecuencia, explicaron que “una proporción mayor de los recursos que financian el gasto provincial proviene hoy de fuentes generadas en cada jurisdicción”.

Es decir que los Ingresos Brutos, uno de los focos de las críticas tributarias del Palacio de Hacienda, sostienen cada vez los servicios que los distritos provinciales tienen que asumir por el déficit de envíos federales. En simultáneo, la creación del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN) prácticamente tuvo motivaciones impositivas: reunir mayores voluntades para reclamar por los fondos para atender las responsabilidades de las que Nación se desliga.

Las confederaciones privadas alineadas con el discurso oficialista también se posicionaron en el último tiempo. Un estudio reciente del Departamento de Política Tributaria de la Unión Industrial Argentina (UIA), cuyo presidente Martín Rappallini participó del Consejo de Mayo, aseguró que las empresas industriales pagan 7,4 tasas municipales "que, en general, no tienen contraprestación ni proporcionalidad" y que tienen un saldo a favor de $526 millones por Ingresos Brutos provinciales en 2025. Tampoco se salvó Nación: reclamaron que en las empresas industriales tienen en promedio un 41% saldo a favor en al menos un impuesto nacional.

“El sector privado financia al sector público por la no devolución de saldos a favor”, planteó el informe, pidió la creación de una "Cuenta Única Tributaria que permita la devolución de saldos en forma ágil" y consideró "necesario revisar el diseño de los Regímenes de Recaudación y eximir a las pymes para evitar que sean agentes de retención y percepción de impuestos”. Esas iniciativas no fueron integradas en la reforma impositiva. Una de las explicaciones podría ser que las opiniones del Consejo de Mayo no eran vinculantes.

En esa línea, este mismo martes la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) presentó un duro comunicado en rechazo “al incremento de la presión impositiva que están llevando a cabo diversas jurisdicciones subnacionales”. “Debe advertirse que la voracidad fiscal lamentablemente es un fenómeno por demás extendido”, añadieron e instaron “a las jurisdicciones subnacionales a evitar nuevos incrementos tributarios y a revertir los recientemente dispuestos”. En consonancia con su actitud, en la última semana se conocieron dos casos emblemáticos: el del intendente de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin, anunciando la eliminación de 107 tasas para el 2026, y el de Francisco Azcué, de Concordia, eliminando un gravamen del 10% a los derechos de entretenimiento sobre espectáculos públicos y la venta de entradas.