Impulsan una agenda que apunta a instalar el estudio y el debate sobre la relación entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil, mientras en paralelo avanza en el Congreso un proyecto para regular la actividad mediante una Ley de Lobby.
La discusión académica coincide con el avance de iniciativas legislativas que buscan regular formalmente la actividad a través de una Ley de Lobby.
La discusión sobre el lobby y la gestión de intereses comienza a ganar espacio en la agenda pública y académica argentina. Históricamente asociado a negociaciones informales o abordado como un tema incómodo dentro de la política y los negocios, el concepto busca ahora adquirir un marco más institucional a través de nuevas iniciativas orientadas a la transparencia y la gobernanza democrática.
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En ese escenario, la Fundación PROAICE impulsa una agenda que apunta a instalar el estudio y el debate sobre la relación entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil, mientras en paralelo avanza en el Congreso un proyecto para regular la actividad mediante una Ley de Lobby.
La iniciativa busca acercar a Argentina a modelos ya desarrollados en países como Estados Unidos y distintas naciones europeas, donde la gestión de intereses cuenta desde hace años con marcos regulatorios específicos y programas académicos dedicados al estudio de la actividad.
Como parte de esta estrategia, la Fundación PROAICE lanzó el Foro GI&T (Gestión de Intereses & Transparencia), definido como el primer espacio argentino dedicado exclusivamente al análisis crítico de los asuntos públicos y los mecanismos de interacción entre distintos actores institucionales.
La primera edición se realizará el próximo 18 de junio en el Salón de Actos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y tendrá una duración de tres horas y media. El encuentro estará organizado en tres paneles temáticos con participación de especialistas, dirigentes y legisladores nacionales.
El primer panel contará con las exposiciones de Ricardo J. Ferrer Picado y Antonio Fratamico, bajo la moderación de Constanza Mazzina.
El segundo espacio estará integrado por Hernán Munilla Lacasa, Alexia Rosenthal, Georgina Losada y Roberto D. Murmis, con moderación de Carlos Rozen.
En tanto, el tercer panel estará enfocado en la discusión legislativa y será moderado por Gonzalo M. Chiarullo, presidente de Fundación PROAICE. Participarán los senadores Juan Carlos Pagotto y Eduardo Alejandro Vischi, junto a los diputados Santiago Pauli, Sergio Capozzi y Martín Ardohain.
Desde la organización explicaron que el objetivo es generar una conversación técnica y plural sobre un fenómeno que consideran estructural dentro de las democracias contemporáneas. “Las democracias modernas funcionan atravesadas por mecanismos de influencia e interacción entre actores públicos y privados. El desafío ya no pasa por negar esa realidad, sino por entender cómo funciona, cómo se regula y cómo se transparenta”, señalaron desde la entidad.
Además, el desarrollo de nuevos programas junto a instituciones académicas, entre ellas la Universidad del CEMA, busca incorporar la temática a la formación universitaria y promover estándares internacionales de transparencia.
La discusión académica coincide con el avance de iniciativas legislativas que buscan regular formalmente la actividad. En los últimos meses tomó impulso un proyecto presentado por Oscar Agost Carreño que propone crear un marco normativo para transparentar la influencia de distintos actores sobre la toma de decisiones públicas.
La iniciativa contempla la creación de un Registro Nacional de Gestión de Intereses en Materia de Asuntos Públicos, de carácter público, abierto y digital.
La propuesta establece que los gestores de intereses -ya sean profesionales, representantes sectoriales o entidades de la sociedad civil- deberán registrarse obligatoriamente y declarar periódicamente sus actividades, reuniones y vínculos con funcionarios públicos.
En paralelo, también se exigiría a los funcionarios informar sus encuentros con lobbistas, incluso cuando esos contactos se produzcan a través de plataformas digitales o redes sociales. El proyecto además incorpora sanciones por incumplimientos, restricciones para exfuncionarios y mecanismos de denuncia frente a posibles irregularidades.
Entre los fundamentos de la iniciativa, Agost Carreño sostuvo: “Este proyecto no demoniza el lobby. Lo ordena, lo documenta y lo vuelve visible. Porque en una democracia sana, la ciudadanía tiene derecho a saber quién influye, con qué medios y para qué”.
El legislador también vinculó la necesidad de una regulación más clara con episodios recientes que abrieron interrogantes sobre la influencia y la falta de mecanismos de trazabilidad institucional. “La influencia sobre decisiones del Estado no puede seguir ocurriendo en la opacidad. Necesitamos saber quién gestiona intereses, ante quién, con qué fines y con qué recursos”, afirmó.
El debate abre una discusión que durante años permaneció al margen de la agenda argentina: cómo transparentar una práctica que existe en todas las democracias modernas y establecer límites, controles y reglas claras para su funcionamiento.