En medio de las investigaciones que buscan dilucidar el grado de vinculación que tuvo el presidente Javier Milei con los autores de una estafa de criptomonedas, ingresó en Diputados un proyecto de ley que apunta a crear una normativa para esclarecer las personas y sociedades que influyen en la toma de decisiones de la democracia republicana argentina.
Impulsan una ley de Lobby: buscan que se conozcan los intereses de los políticos y su agenda de reuniones
La oposición en la Cámara de Diputados presentó una nueva iniciativa para transparentar las vinculaciones de los funcionarios públicos.
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Otros paises cuentan con legislaciones similares.
Entre sus objetivos, el proyecto pretende promover "la transparencia, integridad y equidad en la interacción entre los gestores de intereses y los funcionarios públicos" a partir de la creación del Registro Nacional de Gestión de Intereses en Materia de Asuntos Públicos. En su detalle, se especifica que este sea "de carácter público, abierto, accesible, digital y remoto, en el cual deberán inscribirse obligatoriamente todos los gestores de intereses que pretendan interactuar con funcionarios públicos".
La redacción del cordobés Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) establece que los lobbistas -sean profesionales, representantes sectoriales o entidades de la sociedad civil- deberán inscribirse y declarar periódicamente sus actividades, reuniones y vínculos con funcionarios. En simultáneo, los funcionarios públicos, reportarán sus encuentros con lobbistas, incluso cuando estas interacciones se den por redes sociales.
La propuesta, que cuenta con antecedentes en países como Estados Unidos que desde 1995 tienen legislación específica sobre la materia, incluye sanciones proporcionales para quienes incumplan con el sistema de registro, prohibiciones de actuar como lobbistas para exfuncionarios en los dos años posteriores a su paso por la función pública y la obligación de denunciar posibles delitos cuando se detecten irregularidades.
Ley de Lobby: fundamentos
Entre las argumentaciones que lo motivaron a presentar el proyecto de ley, Agost Carreño señaló que "este proyecto no demoniza el lobby. Lo ordena, lo documenta y lo vuelve visible. Porque en una democracia sana, la ciudadanía tiene derecho a saber quién influye, con qué medios y para qué”.
"Lejos de ser un obstáculo, estas herramientas fortalecen la democracia y la confianza pública en las instituciones”, añadió el diputado, quien aclaró que “la tecnología no puede ser excusa para evitar la rendición de cuentas”: “Lo de $LIBRA dejó al desnudo los peligros de no tener normas claras. Una sola publicación presidencial, hecha tras esos encuentros con figuras del ecosistema fintech, disparó el valor de una moneda sin respaldo y, con ello, benefició a algunos pocos y perjudicó a miles de pequeños ahorristas que confiaron en una supuesta legitimidad institucional”.
Finalmente, planteó que "la influencia sobre decisiones del Estado no puede seguir ocurriendo en la opacidad. Necesitamos saber quién gestiona intereses, ante quién, con qué fines y con qué recursos".
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