Apartir de julio de 2008, habrá un fuerte cambio en la forma de determinar el valor de un terreno en la Capital Federal que, en la práctica, puede significar una baja de precios en muchas de las superficies disponibles para construir.
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Esto se debe a que para esa época entrará en vigencia la ley que obliga a los constructores a presentar certificados de las empresas de servicios que garanticen que los nuevos emprendimientos no afectarán el suministro de luz, gas, agua y cloacas a los vecinos del lugar.
«Sin duda, una vez que la norma esté vigente, el precio de un terreno va a estar determinado por la cantidad de metros que se podrán construir teniendo en cuenta las limitaciones en materias de servicios que hoy no rigen. Esto, probablemente, va a hacer que los terrenos que estén disponibles y que no se encuentren en condiciones de recibir grandes proyectos de edificación, bajen su valor», explicó a este diario el titular de la Cámara Inmobiliaria-Argentina, Carlos Sotelo.
La ley que fue votada por la Legislatura porteña en junio pasado, fue promulgada la semana pasada por el jefe de gobierno, Jorge Telerman, pero con fecha de vigencia para julio del año que viene.
Hasta ese plazo, todos los proyectos que se presenten en la Capital necesitarán únicamente la aprobación del Gobierno porteño. Desde julio del año que viene, antes de ese permiso, las constructoras deberán pedir a las privatizadas el correspondiente certificado. También hay que tener en cuenta que para el 1 de julio del año próximo también regirán las modificaciones al código de construcción con nuevos límites de alturas máximas.
Lo que es probable que suceda es que proyectos que desde el punto de vista municipal podrían ser aprobados, con una cantidad de metros para construir determinada, alguna empresa de servicio señale que no está en condiciones de prestar servicio para ese emprendimiento y fije un metraje menor. Ante esta limitación, el terreno bajaría de valor.
La zona afectada por esta medida (que será una carga para el gobierno de Mauricio Macri) comprende los barrios de Caballito, Palermo, Coghlan, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza que son los que formaron el « corralito» inmobiliario en donde se prohibieron temporariamente los nuevos proyectos.
Modificable
«Hay que tener en cuenta que el Gobierno porteño tiene el poder de modificar por decreto la zona en las que rige la norma, pudiendo limitarla pero también ampliarla», señaló Sotelo.
Con este cuadro de situación, los operadores del sector prevén que habrá una ola de solicitudes de permisos de obra en los próximos meses para adelantarse a la entrada en vigencia de la nueva ley y eludir el control que pueden realizar las empresas privatizadas.
«Por primera vez, se advierteun cambio de normas con tanta anticipación, lo que permitirá a los inversores a analizar que decisión tomar. Lo lógico es que se adelanten proyectos para evitar presentarlos cuando ya rija la nueva ley que puede ser mas restrictiva», explicó Guillermo González de Araks Propiedades.
La ley votada por la Legislatura porteña fue consecuencia de las protestas de vecinos de distintos barrios que se oponían a la construcción de grandes torres en zonas de viviendas de baja altura, ya que en muchos lugares la infraestructura de la zona no estaba preparada para la mayor demanda lo que provocaba un deficiente suministro de servicios como luz, gas o agua.
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