Ley de tarjetas: habilitarán la vía ejecutiva por mora

La Secretaría de Defensa de la Competencia y del Consumidor tiene en carpeta un proyecto para modificar la Ley de Tarjetas de Crédito; su articulado, básicamente, cumplirá con una vieja aspiración de los bancos emisores, quienes podrán recurrir a la denominada «vía ejecutiva» para cobrarles a los morosos.

Sin embargo, la «felicidad» para las entidades financieras no será completa: el mismo proyecto -que debería ser tratado por el Congreso a partir del 1 de marzo, cuando se reanuden las sesiones ordinarias-prevé que los clientes podrán pedir una compensación por daños y perjuicios en caso de que el reclamo del banco sea incorrecto. También les da a los usuarios la posibilidad de suspender la vía ejecutiva cuando manifiesten algún desacuerdo con lo reclamado por su banco, para lo cual tendrán 60 días. Y prevé la aplicación de «fuertes multas resarcitorias a favor del usuario en aquellos casos en que los bancos procedan a la vía ejecutiva y existan errores en la liquidación».

La vía ejecutiva consiste, ni más ni menos, que un juicio sumario para acortar dramáticamente los plazos en los que se ejecutarían las garantías reales que respaldan las compras con dinero plástico. Las entidades habrían asegurado a funcionarios de Economía que esta modalidad podría redundar en una caída de las tasas que pagan los usuarios argentinos, al reducirse los costos que surgen de la alta incobrabilidad de las carteras. Por otra parte, el proyecto permite que el recurso de la vía ejecutiva sea también utilizado por el comerciante contra el banco pagador, en caso de que éste incumpla con la liquidación de los cupones de compra en tiempo y forma.

La norma -de ser aprobada por los legisladores-crea nuevas figuras delictivas relacionadas con el uso de tarjetas, y que hasta ahora no estaban cubiertas por la legislación: la falsificación de plásticos y/o bandas magnéticas y el uso por una persona distinta al beneficiario. Ahora, quien falsifique una tarjeta recibirá el mismo tratamiento penal que quien falsifique dinero; asimismo, se equipara el «uso ilegítimo» de un plástico al «fraude grave».

En el «resumen ejecutivo» del proyecto de ley -que se re-produce en su totalidad apartese dice que el mercado presenta «serias distorsiones que afectan la eficiencia del sector y el bienestar de los usuarios», lo que se evidencia -según el organismo que capitanea Carlos Winograd- en «elevadas tasas de interés que en promedio ascienden a 39% anual, fenómeno en gran medida resultante de las altas tasas de morosidad e incobrabilidad». También se indica que los fraudes en la industria han crecido 40% entre 1998 y 1999. La iniciativa prevé que las entidades deberán informar a sus clientes, en forma anual, los costos promedio del uso de sus plásticos. El usuario no sólo conocerá intereses y condiciones de contratación sino también «una constancia del grado de cumplimiento» de sus obligaciones.

Este último dato parecería ser de escasa utilidad para el usuario y de improbable instrumentación, dado que todos los usuarios saben por el resumen de cuenta cuánto deben y si han incurrido en mora.

Informe anual

De todos modos, los bancos deberán remitir a sus clientes de tarjetas un informe anual del monto promedio financiado, la tasa de interés promedio aplicada, la fecha de vencimiento del contrato y el grado de cumplimiento del usuario.

La idea, aparentemente, sería que el tarjetahabiente tenga acceso a sus propios antecedentes crediticios, pero esto podría constituirse en un nuevo gasto para los bancos que -tarde o temprano- trasladarán al usuario. Pero no se establece -al menos en el anteproyecto al que tuvo acceso este diario- que un mayor cumplimiento redunde de manera más o menos automática en una reducción de las tasas que pagarían quienes cumplan más y mejor.

Finalmente, desde el Estado se reconoce la tarjeta como un instrumento para evitar la evasión, dado que las operaciones pagadas con ese instrumento no pueden ser «negreadas».

El proyecto indica que «la expansión del sistema constituye un instrumento de lucha contra la evasión (dado que) las transacciones así realizadas se encuentran exclusivamente en el ámbito formal; por lo tanto, propiciar el acceso a las tarjetas de crédito representa un instrumento importante para combatir la evasión y aumentar la recaudación impositiva».