Limitaría el gobierno el aumento de tarifas

En distintas instancias del gobierno, siguió analizándose ayer la suba en las tarifas de servicios públicos, pero las definiciones se postergarían para la semana próxima.

Sin embargo, según trascendidos que surgen de medios oficiales y empresarios, el gobierno terminaría autorizando aumentos muy acotados, aun para los sectores industriales, para evitarse problemas políticos, con lo cual quedaría el tema pendiente para las nuevas autoridades.

Según la propuesta que estaría predominando, en el caso de las tarifas de gas, el aumento del gas en boca de pozo para las petroleras promediaría de 8% a 10%, incluyendo todo tipo de usuarios, hasta los industriales.

• Acuerdo

Esto implicaría desconocer el acuerdo que hace un mes alcanzaron el jefe de Gabinete y representantes de Repsol YPF y Pérez Companc para aumentar el gas a la industria por lo menos 33% (índice equivalente a la inflación minorista) en una primera etapa, manteniendo congeladas las tarifas para los hogares hasta el 30 de setiembre.

Además, el presidente Eduardo Duhalde se comprometió ante inversores extranjeros a tener una respuesta antes de mañana sobre la situación de las empresas privatizadas, y el ministro Roberto Lavagna reconoció la semana pasada que las tarifas subirán a partir del 1 de agosto.

Sin embargo, todavía no hay acuerdo entre la comisión renegociadora, las secretarías de cada área, los entes reguladores y el Ministerio de Economía, sobre el nivel de los ajustes ni cuál será el mecanismo para autorizarlos.

En este último sentido, todavía no se define claramente si se llamará a audiencia pública y cuál será el organismo encargado de convocarla. La audiencia está siendo requerida por el Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, y las entidades de consumidores, y hay una amenaza expresa de que se presentarán recursos de amparo si se deciden subas sin consultar a los usuarios.

Fuentes del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) se manifestaron a favor de llamar a audiencia pública, y dijeron que el organismo podría convocarla para el 1 o 2 de agosto, si la comisión renegociadora de los contratos se lo pide.

• Inviable

Algunas privatizadas y un sector del oficialismo creen que «la actitud de los legisladores y la opinión de las entidades de consumidores que vienen demonizando a las empresas de servicios públicos, hacen inviable que se convoque a audiencia pública o que se dé intervención al Parlamento».

Según este criterio, la suba debe ser decidida por el Poder Ejecutivo mediante decretos de necesidad y urgencia, invocando la situación de emergencia.

Dentro del gobierno, se discute además si corresponde que la audiencia sea llamada por los entes reguladores para cada servicio (luz, gas, agua y teléfonos) o si el acto debe ser llamado por la comisión renegociadora, invocando la ley de emergencia pública.

La situación se complica porque el secretario de Energía, Alieto Guadagni, abandona el cargo a fin de mes, y aunque se cree que lo reemplazaría el actual viceministro de Economía, Enrique Devoto, Lavagna no tendría a quién designar en el cargo vacante.

• Costo

Pero más que un problema de nombres, el gobierno, desde el presidente Eduardo Duhalde hasta Lavagna que no querría contrariarlo, parece dispuesto a no pagar el costo de un aumento en las tarifas que signifique más que un promedio de 10% a 12% para todos los consumidores, salvo los de menores recursos que no tendrían suba.

Se cree que si finalmente se adopta esta posición, el gobierno se ahorraría un problema con el público, pero podría generarse una fuerte tensión con las empresas petroleras en primer lugar, y con las privatizadas en segundo lugar, a la par que podrían acelerarse los trámites ante tribunales internacionales por «no respetarse los tratados de protección recíproca de las inversiones».