Los jubilados cobrarán en LECOP, el resto en bonos

Dos grupos de trabajo independientes de los ministerios de Economía y de Trabajo analizarán desde la próxima semana la forma de liquidar el retroactivo de 13% para los empleados públicos y los jubilados para el período junio 2001-diciembre 2003. Esto podría provocar que el gobierno termine instrumentando dos tipos diferentes de títulos públicos en cada uno de los casos: para los empleados públicos, la obligación podría cerrarse con la emisión de un título público de entre 5 y 10 años, en pesos, con indexación del índice CER; en el caso de los jubilados, la liquidación de esta deuda se cubriría con la emisión de bonos de tipo LECOP, y no con papeles de vencimiento temporal.

La medida está siendo evaluada por el presidente Eduardo Duhalde y serviría de solución salomónica para la disputa técnica entre los ministros de Economía, Roberto Lavagna, y de Trabajo, Graciela Camaño. Los dos ministros, si bien coincidían en la solución de pagar al contado este aumento en el gasto público desde diciembre de 2003, se enfrentaron en las últimas jornadas al evaluar la solución para el pago del retroactivo. Mientras desde Economía se descontaba la emisión de un bono a largo plazo como la única alternativa válida, desde Trabajo se insistió en separar la situación de los empleados públicos y la de los jubilados. Además, Camaño reclamó que se pague al contado desde agosto de este año a los jubilados que estén en la franja de entre 500 y 800 pesos mensuales.

El lunes Duhalde recibió a Lavagna, quien le planteó su posición y la necesidad de respetar el actual statu quo fiscal para 2002 y pensar sólo en un bono a no menos de 5 años, tanto para empleados públicos como para jubilados. Ayer fue el turno de Camaño, quien almorzó a solas y austeramente (sólo pasta y flan de postre) con Eduardo Duhalde en la Casa de Gobierno. Allí le planteó sus quejas sobre la forma en que Lavagna encaraba el pago del retroactivo. En general, Camaño no presentó mayores cuestionamientos sobre la situación de los empleados públicos y se concentró en la situación de los pagos a los jubilados. Aparentemente, Duhalde prestó atención a los planteos y los números de la ministra y, de alguna manera, como había hecho con Lavagna un día antes, terminó también dándole la razón.

Ahora se crearán dos grupos de trabajo, ambos coordinados por la Jefatura de Gabinete de Alfredo Atanasof. El primero, que integrarán los técnicos de Economía, se concentrará en la forma de implementar un título público para los empleados de la administración nacional. El segundo, donde estarán los asesores de Camaño, analizará el bono para los jubilados.

La salida para la aplicación del incremento de 13% quedó de la siguiente manera:

• El decreto definitivo será firmado por Duhalde entre hoy y mañana.

• La liquidación total comenzará desde enero de 2003 y no antes, ya que en el decreto queda explícito que los costos de esta medida deben incluirse en la ley de presupuesto para el próximo ejercicio. Esta aclaración incluye los bonos, con lo cual el pago en títulos del retroactivo para el período junio 2001-diciembre 2002 comenzará el próximo año.

• El texto del decreto no menciona el contenido del título público. Simplemente aclara que se deberá emitir en la forma que indique la ley de presupuesto.

• En el artículo cuatro del decreto se menciona que la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía establecerán las normas complementarias para la liquidación del retroactivo para los empleados de la administración pública nacional, poniendo en funcionamiento un grupo de trabajo ad hoc. Es claro que en este caso se optará por la emisión de un título para un plazo de entre cinco y diez años, en pesos y actualizado por el índice CER. De todas formas, el decreto establece, además, la posibilidad para las partes (el Estado nacional y los gremios estatales) de negociar otras formas de liquidar este retroactivo más adelante, una herencia para el futuro gobierno.

• En el artículo 6 del decreto se establece que la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Trabajo establecerán las normas complementarias para instrumentar el pago del retroactivo para los jubilados, para lo que se formará otro grupo de trabajo entre las dos reparticiones. Será en este ámbito donde Camaño planteará la necesidad de que esta liquidación respete la máxima de un título público «que sirva para el consumo corriente sin que el jubilado pierda poder adquisitivo», según aclaró una alta fuente de esa cartera.

• Fuentes de Economía le aclaraban ayer a este diario que cualquier decisión que implique la emisión de dos títulos públicos diferentes para el caso de los empleados públicos y los jubilados sería inaceptable para el FMI. Los técnicos de Lavagna fueron más allá y aseguraron que la posibilidad de emitir más LECOP, y que éstas sean aceptadas por el Fondo, es algo utópico. Por esto, tanto en Economía como en Trabajo aseguran que la decisión final será política y será tomada por Duhalde en soledad.