Hasta las elecciones de octubre, el gobierno tiene una batería de medidas para aumentar sus chances, que apuntan a mejorar la situación de jubilados y de asalariados. El anuncio oficial de ayer de un subsidio para afiliados al PAMI fue una muestra. Ahora se viene el incremento de 20% a estatales, que no sólo generará más salto del gasto público, sino también fuerte presión en las provincias, que no tendrán otro remedio que acompañar la medida que beneficiará en primera instancia sólo a trabajadores de la Nación. Ya el FMI advirtió la semana pasada sobre el aumento del gasto (subió 25% en un año y se duplicó desde finales de 2001), en particular en las provincias. Una de las claves en la caída de la convertibilidad fue el incremento del gasto que llevó a fuertes déficit de las cuentas públicas. Ahora la situación es la contraria, pero los períodos electorales son invitaciones a descuidar la solvencia. El gobierno aprovechará la medida electoralista dirigida a estatales para generar más dependencia de las provincias, que deberán alinearse con la Nación para conseguir mayores partidas de fondos y afrontar la creciente necesidad de erogaciones. Empeora la situación el hecho de que la Nación no coparticipa lo que se recauda por el impuesto al cheque, que son unos $ 10 mil millones al año. Luego habrá más aumentos a jubilados (en este caso, generalizados) y hasta se está pensando en una mejora para planes sociales, que impactaría sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde se desarrollará la principal batalla electoral.
Hasta ayer a la noche, tanto los gremios de UPCN (Unión de Personal Civil de la Nación) como ATE (Asociación de Trabajadores de Estado) no tenían cambios en la fecha estipulada, pero no descartaban alguna postergación hasta el viernes, considerando el lanzamiento de las listas en la provincia de Buenos Aires.
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