El Senado dio anoche media sanción a la ley cultural que exceptúa a los medios de comunicación del «cram down» (posibilidad de que el acreedor o un tercero se hagan cargo de una empresa concursada) del régimen de quiebras y limita a 30% el capital extranjero en la prensa argentina, aun cuando podría subir a 49% este tope en el posterior debate en Diputados, adonde fue girada.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
En una sesión acortada por el compromiso de los senadores peronistas de cenar con Eduardo Duhalde en Olivos, se llegó a rechazar un veto insistiendo en que el Banco Nación sea el administrador de los recursos del Fondo Nacional del Tabaco y se habilitó al gobierno a destinar a ayuda social los alimentos y bienes decomisados por la Aduana. La falta de tiempo obligó a postergar siete días más la aprobación definitiva de la norma que regulará el PAMI, cuyo principal fogonero es el sindicalista Luis Barrionuevo que ayer trató de apurar los plazos con la ayuda de jubilados que fueron invitados por el catamarqueño a presenciar la sesión.
El proyecto de ley cultural de Miguel Angel Pichetto (PJRío Negro) consiguió adhesiones masivas, a pesar de que varios legisladores, entre ellos, la sanluiseña Liliana Negre de Alonso y la salteña Sonia Escudero manifestaron serios reparos en el recinto.
• Contradicción
Negre de Alonso, titular de Legislación General, se opuso a la sanción del proyecto, porque contradice tratados internacionales firmados por la Argentina. « Hace un par de semanas el gobierno pidió que se votara la derogación de 'subversión económica' -a lo cual me negué-, con la excusa de que se querían arreglar con el Fondo; ahora, quieren hacernos sacar una excepción para los medios de comunicación, cuando esto chocaría con el criterio que rige en el mismo FMI», se quejó la delegada del peronismo de San Luis que organizó hace 20 días una ronda con especialistas (constitucionalistas y concursalistas) que dieron una opinión negativa al plan de Pichetto.
A la Comisión de Legislación General, que fue cabecera en el tratamiento de quiebras, se la intentó excluir de la discusión de la ley cultural, a pesar de que esta última norma modifica a aquélla, porque Negre se negó en enero a que se beneficiara a los monopolios de prensa con modificaciones al régimen de concursos. La legisladora del adolfismo integra, asimismo, el heterogéneo grupo de los 8 disidentes del PJ que votaron en contra de la anulación de «subversión económica».
El texto de Pichetto había previsto originalmente un porcentaje de 25% como techo para inversiones del exterior que subirá, por lo menos, a 30%.
De otra iniciativa de los radicales Carlos Maestro, Rodolfo Terragno, Raúl Baglini y Horacio Usandizaga, se tomó la defensa del patrimonio histórico y paleontológico, de manera que el Ejecutivo pueda proteger tales bienes.
La ley cultural provocó otras fisuras en el bloque oficialista cuando José Luis Gioja pidió hace un par de sesiones que se aprobara una preferencia con o sin dictamen de comisión para la deliberación siguiente. Varios legisladores -entre ellos, Escudero, Malvina Seguí, Guillermo Jenefes (titular de Comunicaciones), Eduardo Menem y Barrionuevo- amenazaron con dejar sin quórum el recinto si no se cambiaba esta moción por la que se obligó a contar con un despacho de comisión. Finalmente se impuso este criterio más moderado que respetó el normal trámite parlamentario, con discusión previa en comisiones.
Dejá tu comentario