Pekín (ANSA) - La Justicia china aceptó, después de años de vaivenes legales y en virtud de la reciente reforma constitucional que reconoce la propiedad privada, la demanda de un empresario que pide 21 millones de dólares como indemnización a un gobierno municipal por la expropiación de su compañía. «Se trata del mayor resarcimiento reclamado jamás por un particular a un órgano público chino», comentó Chen Zijing, uno de los abogados que defienden al empresario.
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La causa entablada por Chen Jinhong se prolonga desde hace ya ocho años.
En este período su caso tuvo avances y retrocesos en las Cortes ordinarias -llamadas en China Tribunales Intermedios del Pueblo-y las Cortes de Apelación, que lo fueron juzgando cada vez correcto o inadmisible. El giro en la situación, según los abogados del empresario, ocurrió en la pasada primavera (boreal), cuando la Asamblea Nacional del Pueblo (el Parlamento chino) introdujo en la Constitución un artículo que proclama la obligación de defender la propiedad privada. Basándose en ese artículo, fue presentado un nuevo recurso ante la Alta Corte Provincial de Guandong, que esta vez aceptó debatir la demanda.
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