Guillermo Moreno -hasta ahora secretario de Comunicaciones de la Nación- será desde la semana próxima el nuevo secretario de Coordinación Económica del Ministerio de Economía y Producción. El actual titular de esa cartera, el también «devidista», Lisandro Salas, lo reemplazará como responsable de Comunicaciones en el Ministerio de Infraestructura.
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Este enroque lo decidió Néstor Kirchner aunque el diseño no es nuevo y tiene sus antecedentes:
La intención de Kirchner es relevarlo a Salas de la negociación de precios -especialmente por la imposibilidad de frenar la imparable suba de la carne (ayer escaló otro 6% pese a un acuerdo aún con la tinta fresca)-
Cree que Moreno, un hombre que se caracterizó en Comunicaciones por el trato duro que ha tenido con los empresarios del sector, que han acumulado un anecdotario de las extravagancias de este funcionario que supera lo imaginable, puede cumplir mejor en esta dura función.
Moreno tiene experiencia también en la negociación de precios. Fue cuando en noviembre pasado renunció Roberto Lavagna y por un breve lapso lo reemplazó en la cartera Julio De Vido. En esas horas Moreno -un hombre que le acercó en 2003 a De Vido el economista Eduardo Curia y que le trabaja política en la Capital al ministro- se encargó de las negociaciones de precios. Esa mínima experiencia gustó en la Casa de Gobierno y, más que nada, le gustó a Moreno.
Moreno tiene el estilo que el gobierno quiere para la dura negociación de los precios. Esta es una tarea que Kirchner insiste en tener en la primera línea de las preocupaciones porque cree que puede lograr réditos políticos. No sólo la ilusión de derrumbar a la macroeconomía desde la micro; también porque le permite ponerse del lado de las víctimas del mercado y contra el poder del dinero, algo que ocupa el centro de la estética de una administración que privilegia el valor de los mensajes por sobre cualquier otra consideración.
También confía Kirchner en que Moreno puede encargarse con su singular estilo de relación con los empresarios que le han conocido, por caso, los titulares de las empresas telefónicas, en otra área central para el gobierno, que es la Defensa de la Competencia. No por la proyección sobre la política de precios sino por los asuntos que debe resolver de fusiones de compañías, un territorio que permanece por lo general fuera de la mirada del gran público pero que decide negocios multimillonarios en el cual están involucradas empresas del país y extranjeras.
El gobierno ha dicho muchas veces que pretende promover una campaña contra los oligopolios y la cartelización pero desde los dictámenes sobre concertación de precios del cemento y el oxígeno en tubos no ha habido novedades en los últimos años. Sigue sin completarse la comisión respectiva y a cada visitante que se acerca a su despacho Kirchner le pide un nombre para que se haga cargo de esa campaña siempre demorada. En el entretiempo, el gobierno autorizó una de las compras más polémicas, la de 20% de CableVisión por parte del Grupo «Clarín» (lo que sería la antesala de la fusión con Multicanal), cuyas consecuencias para la libertad de expresión se verán en poco tiempo con efectos tan negativos como lo fue la concesión del «Canal 13» a ese monopolio, algo que Carlos Menem enumeró entre los errores más grandes de su administración.
La movida es otro torpedo bajo la línea de flotación de Felisa Miceli, cuyo ministerio sufre el esmeril odioso del área presidencial de la Casa de Gobierno, adonde roncan más fuerte que ella su secretario de Finanzas, Alejandro Mac Laughlin, o el secretario de Hacienda, Carlos Mosse. Son a quienes más consultan el Presidente y Alberto Fernández, algo que estos funcionarios de la segunda línea se ocupan de contar para desgastar a la ministra.
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