Sin saber ya qué estrategia inventar en su lucha contra la inflación, el gobierno volvió a amenazar al sector privado con la utilización de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). Por cuestiones tan disímiles como la suba de tasas de los bancos o el encarecimiento del tomate, la intervención de ese organismo se convirtió en una herramienta política que dejó de lado su original facultad. Esto es posible porque el tribunal autárquico que debía crearse según la nueva ley de Defensa de la Competencia aún aguarda su conformación. Y porque quien tiene la decisión final en las resoluciones que dicta, es el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, más preocupado por la inflación que por el normal funcionamiento del mercado.
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La CNDC funciona a pesar de que en 1999 la nueva ley de Defensa de la Competencia (25.156) creó otro organismo que debía conformarseen 120 días: el Tribunal Nacional de Defensade la Competencia. Si bien también sería un órgano administrativo, el hecho de que tenga que estar integrado por 7 miembros elegidos por concurso le auguraba una mayor independencia.
Pero hoy ese tribunal no existe y la comisión que continúa actuando es fuertemente cuestionada. En primer lugar, por algunas de sus últimas decisiones en materia de adquisiciones de empresas, pero además porque depende directamente de Moreno, quien luego de recibir el dictamen del organismo puede cambiarlo radicalmente y firmar una resolución que indique exactamente lo contrario a lo que los técnicos analizaron.
Igualmente, ¿puede la CNDC intervenir en los casos en los que el gobierno pretende?
Los especialistas aseguran que en los temas mencionados en los últimos meses como posibles causas de investigación (como la suba de tasas o el aumento de precios en alimentos) no tiene competencia ese organismo. Igualmente, reconocen que el gobierno puede presionar a los empresarios con realizar una denuncia que iniciaría una pesquisa en la CNDC, ya que podría traer más de un dolor de cabeza a los privados aún si ésta no tuviera una resolución negativa para ellos.
Misión
Joel Romero, socio de Llerena & Asociados Abogados, explicó a este diario que la CNDC se ocupa sólo de dos cuestiones: analiza las fusiones y adquisiciones de empresas que puedan recaer en concentración de mercado, e investiga conductas anticompetitivas que perjudiquen el interés económico general. Así, cree que los temasque están en discusión no encuadrarían en ninguno de los dos aspectos mencionados.
Sin embargo, en el Ministerio de Economía la teoría es otra. En el caso de la suba de tasas general en el mercado, podría plantearse que hay un oligopolio cartelizado, un acuerdo entre todos los jugadores del mercado en perjuicio de un tercero (en este caso el consumidor). Esto violaría la Ley de Defensa de la Competencia ya que atenta contra el interés económico general.
Sería muy difícil probarlo, ya que tendrían que demostrar una situación tan absurda como que todos los banqueros se reunieron secretamente para poner un piso a las tasas de interés sin que su valor respondiera a cuestiones de mercado, incluso internacionales. Pero igualmente se realizaría la denuncia ya que en medio de la investigación se puede exigir que cesen los actos a través de un juez que decrete una medida cautelar.
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