Nación deberá aportar $ 500 millones para canje provincial

Tras la firma del decreto presidencial que dispone el canje de deuda de provincias, quedó establecido que la principal garantía que tendrán los títulos a emitir serán los recursos de coparticipación federal.

Con la reciente autorización por decreto del canje de deuda, la Nación decidió hacerse cargo de pasivos provinciales por u$s 15.800 millones. La maniobra significó un gran alivio para la mayoría de los distritos involucrados, pero al costo de trasladar la responsabilidad hacia el Estado federal, que deberá afrontar cargas crecientes al momento de cancelar los vencimientos del nuevo bono que se emitirá, en tanto que se modificarán las garantías de los diferentes títulos que ingresen en el canje, pudiendo esto perjudicar a sus tenedores.

Según quedó establecido al momento de lanzar el canje, la principal garantía que tendrán los títulos por emitir serán los recursos de coparticipación federal, los cuales podrán ser afectados sólo en hasta 15 por ciento, en tanto que todo excedente de este límite deberá ser cubierto por Nación.

Un trabajo de la consultora Economía & Regiones indica que al pesificar a $ 1,4 por dólar y aplicar el CER, el stock de deuda provincial que asumiría finalmente Nación ascendería a $ 30.200 millones, correspondientes a pasivos con el sistema financiero (u$s 8.621 millones), títulos públicos (u$s 4.679 millones) y el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial para el Saneamiento Fiscal (u$S 2.563 millones). A partir de marzo de 2005, cuando el bono comience a amortizar capital, los servicios totales (intereses y capital) alcanzarían a $ 2.500 millones, monto equivalente a 18 por ciento de los recursos provinciales estimados para ese año. De aquí en adelante, Nación deberá asumir con recursos propios el excedente, es decir, unos $ 500 millones, sobre 15 por ciento de los recursos provinciales entregados en garantía. A su vez, en 2006, cuando impactan plenamente los servicios de amortización, dicho excedente es estimado en $ 800 millones.

Al realizar este ejercicio en forma individual, las provincias que, a partir de 2005, necesitarían más de 15 por ciento de los recursos de coparticipación para atender sus servicios serían Buenos Aires, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Neuquén y Río Negro, con el consiguiente perjuicio para sus títulos públicos.

Esto significa también que los tenedores de los bonos elegibles para el canje verán modificar las garantías de estos títulos, lo cual, según los casos, podría derivar en juicios contra los estados provinciales.

El título en pesos que saldrá del canje tendrá como fecha de emisión el 4 de febrero de 2002, será a 16 años y con tres años de gracia para el pago de capital, con una tasa anual de 2 por ciento. Los intereses se pagarán mensualmente, pero se capitalizarán hasta el 4 de setiembre de 2002 y el primer vencimiento será en octubre del mismo año.

Además de la garantía de hasta 15 por ciento de la coparticipación, los bonos tendrán una garantía subsidiaria del Estado nacional, con los siguientes recursos: el Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuenta Corriente Bancaria, y todos los demás recursos del régimen de coparticipación federal de impuestos correspondientes a Nación (excluidos los recursos de seguridad social), por hasta la suma que resulte necesaria para la cobertura de los servicios de los bonos garantizados.

Asimismo, el Decreto 1.579 que reglamenta el canje dispone que las jurisdicciones deudoras deberán compensar a Nación las garantías ejecutadas, para lo cual podrían darse dos posibilidades: si Nación no mantiene deudas exigibles con la provincia, se buscarán mecanismos de pago acordes con su situación presupuestaria y financiera; si Nación mantiene saldos adeudados a la jurisdicción, podrá compensar el monto por los servicios pagados. En este último caso, podría suceder que se compensen los saldos con las obligaciones emergentes de deudas, por ejemplo, por recursos de coparticipación no transferidos hasta el momento.