No habría remates hipotecarios

Aunque sin dar mayores precisiones, el vocero presidencial, Miguel Núñez, abrió ayer la «posibilidad» de que el Estado ayude económicamente a los deudores de créditos hipotecarios que puedan sufrir el remate de sus propiedades.

El Estado podrá «concurrir en auxilio» de las personas que fueron «perjudicadas por la pesificación asimétrica y la solución social de la Argentina». El 2 de setiembre vence el plazo de 90 días impuesto por el Congreso para la suspensión de las ejecuciones, y ahora se analizan salidas alternativas, ya que el FMI no avalaría una nueva prórroga.

Por su parte, el Ministerio de Economía decidió intensificar la campaña para que más deudores morosos se anoten en el registro especial que fue habilitado en el Banco Nación. El ministro de Economía, Roberto Lavagna, reconoció en el Congreso la semana pasada que hasta ahora «no se inscribió prácticamente nadie», aunque no quiso revelar una cifra.

Según las especulaciones de los legisladores, la cantidad de inscriptos sería inferior a los 1.000 deudores. El plazo máximo para anotarse vence el 9 de setiembre, es decir, dentro de menos de un mes. El resultado de esta iniciativa será fundamental para determinar los pasos a seguir en materia de ejecuciones hipotecarias, ya que la suspensión de los remates vence el 2 de setiembre próximo.

•Poco probable

«Si la gente sigue sin anotarse, en el Congreso no habrá demasiados argumentos como para buscarle la vuelta al asunto», razonó un legislador del justicialismo.

Ayer el vocero presidencial, Miguel Núñez, consideró «poco probable» que vuelvan los remates hipotecarios en setiembre. Aunque le faltó aclarar si es porque el gobierno piensa en impulsar una nueva prórroga (altamente improbable, ya que caería el acuerdo con el Fondo) o porque los bancos no están pensando en avanzar masivamente con ejecuciones.

Según habían estimado las entidades de las principales cámaras bancarias, las hipotecas en condición de ser rematadas serían no más de 16.000. La mayoría proviene de créditos otorgados mucho antes de la salida de la convertibilidad; en promedio, entre 1996 y 1998, o sea, hace casi cinco años.

El registro está abierto tanto para deudores que tomaron un crédito en bancos como fuera del sistema financiero. El problema es que, hasta ahora, no se conoce cuál es el beneficio de anotarse; además, tiene un alto costo (de $ 150 como piso), ya que deben presentarse varias copias certificadas de la hipoteca y de otros datos.