El Ministerio de Economía publicó ayer los primeros edictos convocando a las audiencias públicas para tratar tarifas de electricidad y gas los días 25 y 26 de este mes respectivamente. Pero la realización de los debates provoca una oposición generalizada: en las asociaciones de consumidores, en los entes reguladores, en los defensores del pueblo de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, y también en las empresas privatizadas. Sigue en pie, además, el proyecto de ley opuesto a este procedimiento que impulsan legisladores del oficialismo, con apoyo de la oposición.
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Parece improbable que en ese clima adverso las audiencias puedan concretarse, sobre todo estando a consideración de la Justicia por lo menos un recurso de amparo para pedir un no innovar en materia tarifaria.
Se suman, además, otros elementos que complican en extremo la situación. El Ministerio de Economía llamó a realizar las audiencias en Parque Norte, en cuyos salones se estima que pueden entrar unas 3.000 personas, como mínimo.
La decisión es por lo menos sorprendente: hace dos meses, Economía había desistido de llamar a los debates públicos porque un informe de la SIDE revelaba que las audiencias podían originar fuertes desórdenes públicos.
Ahora, el Palacio de Hacienda terminó decidiéndose por un lugar al que puede entrar más del triple de público que en los lugares habituales en que se realizan estos encuentros, y en el cual el mantenimiento de la seguridad demandará un operativo policial de envergadura.
•Propuestas
Desde la entrada a Parque Norte hasta cualquiera de los pabellones en que puede realizarse la audiencia median unos 500 metros, trayecto durante el cual los autos que ingresen pueden recibir por lo menos «piedrazos». Tampoco se sabe con qué criterio se definirá quiénes ingresarán a la audiencia y cómo se controlará a 3.000 presuntos participantes. Según trascendidos confiables, el ente del gas había propuesto hacer la audiencia en el anfiteatro del edificio de Diagonal Sur, donde funciona la Secretaría de Industria. El ente eléctrico, por su parte, propuso el salón que está en el edificio de la Unión Industrial. En ambos casos, se trata de pisos altos, a los que se accede por ascensor, permitiendo un mejor control de los ingresantes. Pero la definición del lugar es sólo una anécdota en lo que se refiere a la posición de los entes reguladores con respecto a las audiencias. El jueves, el presidente del ente del gas, Héctor Formica, en forma verbal, y el de electricidad, Juan Legisa, por escrito, comunicaron al entonces titular de la comisión renegociadora de los contratos, Miguel Sanguinetti, que no aceptaban presidir las audiencias, en respuesta a un requerimiento en ese sentido.
•Renuncia
Al día siguiente, Sanguinetti renunció «por motivos personales». Quien lo reemplace deberá presidir las audiencias y elaborar el informe con lo ocurrido. Si no hay reemplazante, el rol le correspondería al secretario legal y técnico de Economía, Eduardo Pérez, pero hasta ayer parecía que no había funcionario que quiera presidir las audiencias, ni tampoco está todavía el decreto que debe prorrogar la existencia de la comisión renegociadora, cuyo plazo de vigencia venció a mediados de agosto.
Según se afirma, los entes reguladores no quieren presidir audiencias sobre un tema en el que no tuvieron intervención y en el cual el ministro de Economía ya dijo que tiene resuelto un ajuste inferior a dos dígitos. Además de la posición de los organismos de gas y electricidad, también se oponen los directores que representan a la Ciudad de Buenos Aires en el ente de aguas.
•Incertidumbre
Por su parte, el defensor del pueblo, Eduardo Mondino, dijo que «el mecanismo que se está utilizando carece de validez, generando una situación de absoluta incertidumbre». Señaló que los expedientes girados a los entes y sometidos a los usuarios sólo contienen el aumento requerido por las empresas, pero que «no están disponibles los nuevos cuadros tarifarios, lo que es imprescindible a la hora de discutir reajustes».
Según Mondino, «se debe precisar claramente el objetivo de la audiencia y definir quién es la autoridad convocante, ya que de quien presida y presencie la audiencia dependerán las resoluciones que se dicten».
En las privatizadas, en tanto, se discute qué actitud adoptar frente a las desprolijidades del proceso, que lo hacen fuertemente vulnerable en la Justicia. Las empresas, además, no están acostumbradas a audiencias con mucho público y con segura transmisión en directo por televisión y creen que «no hay mínimas garantías para poder exponer la situación de cada compañía».
En algunas compañías llegó a escucharse que «todo esto fue preparado maquiavélicamente para mostrar al Fondo Monetario que algo se quiere hacer, pero no se puede». En otras, se cree que el manejo es desprolijo sólo por ineficacia.
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