El PJ del Senado, en negociaciones con Economía, logró ayer torcer la intención del gobierno de suspender la promoción industrial en San Juan, San Luis y La Rioja. La medida introducida en el presupuesto 2002 chocó con la resistencia de los gobernadores hasta tal punto que la de San Luis, Alicia Lemme, se negó a concurrir a la reunión del miércoles con Duhalde en Olivos.
El régimen de promoción industrial no será suspendido y el presupuesto 2002 contemplará los $ 700 millones que se destinan anualmente a este programa. A ese monto también se agregaron ayer unos $ 300 millones de pequeñas partidas exigidas por La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Mendoza. Así, las cifras finales de este ya oscuro y cuestionado presupuesto serían más desfavorables aún y, si no se compensan, el déficit en 2002 crecería a $ 4.000 millones. Es decir, la rigidez monetaria de la cual habla el gobierno sería violada antes de empezar a funcionar.
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Estos cambios se decidieron ayer por la noche, luego de dos jornadas de intensas reuniones entre funcionarios del gobierno y los miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. La decisión final sobre el mantenimiento de los diferimientos impositivos que benefician a San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja fue tomada por la noche en una reunión mantenida entre un grupo de senadores y el presidente Eduardo Duhalde; el titular del Palacio de Hacienda, Oscar Lamberto, y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Jorge Matzkin. La suspensión por un año de este régimen había desatado una fuerte polémica entre el gobierno y legisladores, que amenazaban con no aprobar el presupuesto.
El descontento natural de los representantes de estas provincias se había acentuado luego de apuntar que por un lado se quitaba esa partida y por el otro el presupuesto contiene aumentos en áreas administrativas sobre las cuales todavía no se dio una explicación convincente. Concretamente: para este año se dispuso un aumento en los gastos de la administración gubernamental de $ 791 millones con respecto al presupuesto con déficit cero que presentó Domingo Cavallo a fines del año pasado. Incluso hay un aumento de $ 273,4 millones si se lo compara con el Presupuesto 2001, aunque en realidad el desborde final del año pasado fue mucho mayor. Por eso la falta de crédito que genera la supuesta reforma política que publicita el gobierno.
• Polémica
Esta fue una de las principales objeciones que se le realizó al gobierno en los dos días que estuvo reunida la comisión para analizar el proyecto de presupuesto. Estuvieron Lamberto; el secretario de Ingresos Públicos, Eduardo Ballesteros; Horacio Rodríguez Larreta por DGI; el titular de la AFIP, Alberto Abad, y Mario Das Neves por Aduana.
Los funcionarios debieron rendir cuentas sobre las partidas que aumentan en el presupuesto. Es que el incremento en los gastos de la administración gubernamental se produce a pesar de que hay una brutal caída en los gastos asignados a la administración fiscal, dado que desde enero de este año la AFIP es autárquica; esto es, se financia con recursos propios. Pero hay otros datos sugestivos: por ejemplo, con respecto al presupuesto del año pasado, el gasto legislativo crece en $ 8,5 millones, con 10,7% de aumento en gastos por remuneraciones.
A Ballesteros le tocó explicar las razones que obligan a aceptar ciertos recortes de gastos: sólo en enero y febrero la recaudación será unos $ 450 millones inferior a la proyectada. Se recaudaron $ 150 millones menos que lo previsto en enero y $ 300 millones menos en febrero.
Así, a sólo dos meses de avanzado el año y cuando el presupuesto aún no fue aprobado, aparecen las primeras evidencias sobre el optimismo de las proyecciones del gobierno. Por eso los temores de que el gasto público, que pocos recortes ha sufrido este año, resulte abultado en relación con los recursos que la Argentina podría generar este año. Por ejemplo, el gasto de la administración central caerá este año a $ 22.356 millones, contra $ 27.605 millones el año pasado. Pero 98% de dicha reducción se logra por los menores pagos de intereses de la deuda previstos.
La reducción total asciende a $ 5.249 millones, y $ 5.189 millones corresponden a menos pagos de intereses.
En cambio, apenas se reduce en $ 60 millones el gasto público primario. Hay en el medio aumentos importantes en los gastos asignados al Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente, que crecen de $ 1.183 millones el año pasado a $ 2.060 millones este año, y desaparecieron los controvertidos ATN.
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