Nuevo auge de violencia en Colombia

Bogotá (AFP, DPA) - La arremetida de la guerrilla de las FARC en las dos últimas semanas y las declaraciones del gobierno de que habrá una contraofensiva militar para detenerla agravaron el ambiente bélico en Colombia, mientras que en la zona despejada, al sur del país, prosiguieron los diálogos de paz.

La situación empeoró en las últimas horas con el anuncio del ejército de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) harían un paro armado (prohibición de circular bajo pena de ataques) en dos rutas clave del centro y este del país, medida que afecta a los departamentos de Cundinamarca, Meta y Casanare (este). Los muertos en los últimos once días ya alcanzan a 97.

El hartazgo de la población por la violencia generada en la guerrilla de izquierda y los grupos paramilitares de ultraderecha llevó a que en Meta se convocara a un cacerolazo para el próximo miércoles, siguiendo la forma de expresión que se iniciara en Venezuela por parte de los opositores al presidente Hugo Chávez y que alcanzara masividad y contundencia en las últimas semanas en la Argentina.

Ayer, mientras tanto, el alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, señaló que el domingo pasado fue dinamitada una válvula de la represa que suministra el agua a la capital colombiana. Los insurgentes continuaron con ataques a centrales eléctricas y a batallones militares, que a su vez señalan a paramilitares de ultraderecha de ser responsables de atacar poblaciones a las que acusan de colaborar con la guerrilla. Todo ello, a pesar de que el domingo pasado se firmó un acuerdo provisorio que establece un cronograma hasta el 7 de abril para acordar un cese de hostilidades, superando un ultimátum dado por el presidente Andrés Pastrana que puso al ejército al borde de invadir la zona de exclusión.

«En este momento cubrimos más de 2.000 puntos en el país para garantizar el servicio eléctrico y de acueducto, así como facilitar el libre desplazamiento, dijo ayer Fernando Tapias, comandante de las Fuerzas Armadas.

Simón Trinidad, vocero de las FARC, indicó que más allá de los acuerdos del domingo, se deben solucionar «el paramilitarismo y el desempleo», mientras que Raúl Reyes, principal negociador insurgente, consideró que la fecha impuesta como límite sólo responde a motivos electoralistas ante las presidenciales de mayo.