Si después debe intervenir la Comisión Bicameral del Parlamento, se estima que las prime-ras subas empezarían a regir a partir del 1 de noviembre.
En este último sentido, se estima que hay más de 30 presentaciones de accionistas de las privatizadas, amparándose en los tratados de protección recíproca de las inversiones. Pero esa presentación implica un período de diálogo con el Estado argentino que tiene un plazo mínimo de seis meses. En este momento, ese plazo ya transcurrió para varias de las empresas que se ampararon en los tratados, lo que explicaría que Economía salga a decir lo mismo que en una resolución anterior. Aunque manteniendo la misma incongruencia:
La norma indica que «respecto de los incumplimientos de los contratos, el órgano de control procederá a sustanciar las actuaciones, según las normas vigentes».
Sin embargo, la resolución contempla que en aquellos casos en que el concesionario demuestre «razonablemente» que el incumplimiento se debe al impacto de las medidas de la Ley de Emergencia Pública, el organismo regulador deberá girar la causa a la comisión renegocia-dora de los contratos.
La norma firmada por Roberto Lavagna también indica que en caso de que correspondiera la aplicación de multas, las mismas serán consideradas dentro del proceso de renegociación de los contratos, pero establece que «
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