Fuentes del Palacio de Hacienda consideraron « descabellado» el proyecto de eliminar el tope salarial de $ 4.800 para el pago del aporte a las obras sociales y manifestaron a este diario que la iniciativa no estaba ni en estudio. Para el equipo económico no sería momento de restar capacidad de gasto a esta franja del mercado laboral, cuando el gobierno aspira a mantener elevado el nivel de gasto interno y, por ende, de actividad.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Sin embargo desde la Superintendencia de Servicios de Salud consideraron justo el reclamo de la CGT de eliminar este tope, como ya ocurrió con el límite salarial -también de $ 4.800- para la determinación del aporte jubilatorio. Así lo manifestó Héctor Capaccioli a este diario quien estimó que, de los 15 millones de beneficiarios de las obras sociales, la medida involucraría a cerca de 600.000 trabajadores.
El funcionario espera que el proyecto, que sólo requiere un decreto ordinario del Poder Ejecutivo, se pueda implementar a partir de octubre.
La iniciativa que afectaría el salario de bolsillo, entonces, de aproximadamente 600.000 trabajadores que cobran más de $ 4.800 generaría un nuevo flujo de dinero hacia las cajas sindicales de más de $ 40 millones mensuales (o $ 520 millones anuales).
Sería ésta una manera de que los gremios participen, indirectamente, de las mejoras salariales experimentadas en el último año en el sector privado.
El proyecto se encuentra ahora en manos del área de la Función Pública de la Jefatura de Gabinete para su evaluación final. Por su parte, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, reconoció ayer desconocer que desde el gobierno nacional se haya tomado la decisión de eliminar la vigencia del tope salarial de $ 4.800, que rige para el cálculo del aporte a las obras sociales. «No conozco que se haya tomado esa decisión. La verdad no sabría decirle si esta decisión siquiera está estudiada», dijo Tomada en un diálogo radial.
