Otra crisis por el gas en el Sur

Camuzzi Gas del Sur anunció ayer que una decena de localidades de Chubut y Santa Cruz que se atienden con GLP por redes, quedarían desabastecidas en los próximos días porque el principal proveedor de la distribuidora, la empresa Transportadora Gas del Sur, no acepta suministrarle el producto al precio de referencia fijado por el ente regulador del gas (Enargas).

La declaración de Camuzzi abrió una fuerte polémica en el gobierno sobre la conveniencia o no de regular el precio del gas licuado de petróleo (GLP). En apariencia, el secretario de Energía, Alieto Guadagni, estaría impulsando la fijación de precios máximos para el producto, aunque no querría aparecer tomando la medida, y preferiría que surgiera del Congreso, a través del proyecto del diputado oficialista Arturo Lafalla (ver aparte).

El ministro de Economía, Roberto Lavagna, tendría una actitud más cauta sobre el tema, y sostendría que seguir imponiendo regulaciones al sector petrolero, como la reciente resolución de obliga a vender 64% de la producción en el mercado interno, podría tener consecuencias muy desfavorables.

En el equipo del Palacio de Hacienda se cree que si hay más medidas intervencionistas, podría reducirse la producción de petróleo y gas, disminuir las exportaciones y crear fuertes conflictos sociales en las provincias petroleras, que además de recibir menos regalías, tendrían más desocupación.

La polémica gira en torno de dos posibilidades: regular o tratar de llegar a un acuerdo con las empresas petroleras. Debido a la divergencia de opiniones, durante la tarde de ayer circularon versiones sobre el alejamiento de Guadagni.

TGS respondió ayer a la acusación de Camuzzi sobre su responsabilidad en desabastecimiento en el Sur, afirmando que «el GLP es un 'commodity' por lo que su precio interno se establece en función de los precios internacionales».

• Precio internacional

TGS añadió dos datos: uno que «Camuzzi que también es productora de GLP vende su producto igual que los otros 19 productores que tiene el país, a precios internacionales». Y, en segundo lugar, que al existir tal cantidad de productores dentro del país, «es responsabilidad de Camuzzi salvaguardar la provisión de GLP a sus clientes».

El Enargas fijó el precio de referencia del gas licuado por redes (que equivale a 3% del consumo nacional del producto) en 300 pesos la tonelada. Pero las empresas productoras (Repsol, Total Austral, TGS) están vendiendo el producto al doble de ese nivel, porque se trata de un mercado desregulado, donde los valores de referencia no son obligatorios.

Como el GLP es un bien exportable, al igual que el petróleo y los combustibles, la situación es un poco más complicada que con el gas natural, que sólo se puede exportar a los países limítrofes.

Sin embargo, también en el caso del gas natural, hay tensiones con las petroleras. El Enargas sólo autorizó a las distribuidoras trasladar a tarifas un aumento de 10,5% en el gas en boca de pozo.

Y frente a esto, las petroleras facturan con ese valor a las distribuidoras pero «a cuenta» de un precio que no se conoce, porque el mercado del gas natural también está desregulado.

La situación en la Patagonia tiene algunos elementos más para el conflicto. Camuzzi del Sur les debe a las petroleras por el gas y a TGS por el GLP y por el transporte alrededor de cinco meses de facturación (de agosto a diciembre de 2001), y desde enero alrededor de 40%, porque se comprometió a pagar 60% pero no cumple puntualmente el compromiso.

El justificativo de Camuzzi es que no paga porque el Estado le adeuda el subsidio de varios meses por el consumo de usuarios residenciales, si bien desde mayo último rige una suba de 2,5% en las tarifas de gas de todo el país, para cubrir esa subvención. Por la deuda acumulada, Camuzzi negocia un bono con el Estado que sea aceptable por las petroleras pero no hubo por el momento avances en el tema.

Ahora, como en mayo cuando Repsol le redujo el suministro de gas natural, Camuzzi volvió a amenazar con el desabastecimiento a sus clientes de zonas de frío riguroso, ante un problema con sus proveedores. Frente a la situación, el Enargas les ordenó ayer suministrar el gas licuado por redes a las localidades a que la obliga la licencia, fundamentando en que la distribución de gas es por ley un servicio público nacional, y advirtiendo que en caso de incumplimiento, iniciará un procedimiento para sancionar a la distribuidora.

Pero el tema del GLP va más allá de lo que se distribuye por redes, y por eso está en la órbita de la Secretaría de Energía. En esta dependencia cuestionan reservadamente la suba de la garrafa con que se calefaccionan los hogares más pobres, pero no hubo convocatoria a las petroleras para tratar el tema, aunque el defensor del pueblo, Eduardo Mondino, se lo planteó a Guadagni en varias notas que no tuvieron respuesta.

La crisis desatada por Camuzzi sólo dejó en evidencia lo que se venía gestando: la imposibilidad del gobierno de llegar a un acuerdo con las petroleras, debido a un extraño doble discurso tanto público como privado de los funcionarios oficiales.